Carlos Fonseca Sarmiento

Presidente de PERUDERECHOS.PE

Según datos oficiales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, actualmente en el Perú, 2’811,693 personas no tienen acceso a agua potable. Están distribuidos de la siguiente manera: 456,328 en Lima Metropolitana y Callao; 917,816 en otras ciudades; y 1’413,549 en el ámbito rural. La cifra es más dramática si nos referimos al servicio de saneamiento: 7’318,433 peruanos, de los cuales 603,645 están en Lima Metropolitana y Callao; 2’234,953 en otras ciudades; y 4’479,835 en el ámbito rural. No nos estamos refiriendo a personas con un servicio deficiente de agua potable  o saneamiento, sino estamos hablando de personas que carecen en lo absoluto de agua potable en su vivienda o de un sistema que permita recoger y eliminar de una manera higiénica el excremento. En todos estos casos se impacta gravemente en la dignidad humana. En el derecho de todo ser humano a tener derechos, por el solo hecho de ser, humano.

El agua es un elemento necesario para la salud de las personas. La falta de agua (deshidratación) y el consumo de agua no tratada pueden provocar hasta la muerte. Entonces, todos los seres humanos necesitamos agua, pero agua potable. Lamentablemente, el problema es universal pues cada año en el mundo fallecen más de 1,5 millones de niños menores de 5 años como consecuencia de enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento.

El 28 de julio de 2010, mediante la Resolución 64/92, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció oficialmente que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Asimismo, exhortó a los Estados y a las organizaciones internacionales a que proporcionen recursos financieros y propicien el aumento de la capacidad y la transferencia de tecnología a fin de intensificar los esfuerzos por proporcionar a toda la población un acceso económico al agua potable y el saneamiento.

En el Perú, su reconocimiento como derecho constitucional recién llegó con la Ley de Reforma Constitucional N°30588, publicada el 22 de junio de 2017, mediante la cual se incorporó el artículo 7-A a la Constitución, el cual declara que: “El Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable. El Estado garantiza este derecho priorizando el consumo humano sobre otros usos. El Estado promueve el manejo sostenible del agua, el cual se reconoce como un recurso natural esencial y como tal, constituye un bien público y patrimonio de la Nación. Su dominio es inalienable e imprescriptible”.

No obstante que no está expresamente reconocido el “derecho al saneamiento”, éste se encuentre implícito pues tanto éste como el agua potable son derechos que se sustentan en la dignidad de la persona humana como en sus derechos a la vida y su libre desarrollo y bienestar reconocidos en los artículos 1° y 2° numeral 1 de la Constitución y no debe olvidarse también que el artículo 3° de la Constitución dispone que: “La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, (…)”.

Esto no es una mera disquisición teórica sino que puede tener aplicación práctica, más aún con ese significativo número de personas cuyo derecho constitucional al agua potable y al saneamiento está siendo afectado en el Perú. El Nuevo Código Procesal Constitucional entre los derechos por los que procede el amparo ha incorporado en el artículo 44°, numeral 26 al “agua potable”. Esto significa que una persona que no tiene acceso a agua potable y al saneamiento puede presentar una demanda contra el Estado con este propósito. Pero también es preciso hacer notar que en nuestra Constitución el agua potable ha sido incluido dentro de los derechos sociales y económicos, y, conforme a la Disposición Final y Transitoria Undécima, “Las disposiciones de la Constitución que exijan nuevos o mayores gastos públicos se aplican progresivamente”.

¿Qué ha dicho hasta ahora el Tribunal Constitucional sobre este derecho? ¿La progresividad puede ser una excusa para su cumplimiento? ¿Qué tan efectivo puede ser el amparo para aquel que no tiene agua potable ni saneamiento sabiendo que es un recurso escaso y que a más necesidad probablemente se requerirá mayor inversión del Estado?

Mucho antes de la citada Ley de Reforma Constitucional del año 2017, el Tribunal Constitucional ya había reconocido su naturaleza de derecho constitucional. En el caso Santos Távara Ceferino vs. SEDAPAL (06534-2006-AA), la Segunda Sala del Tribunal Constitucional, en su sentencia de fecha 15 de noviembre de 2007 declaro en su fundamento jurídico 18: “El derecho al agua potable, a la luz del contexto descrito, supondría primariamente un derecho de naturaleza positiva o prestacional, cuya concretización correspondería promover fundamentalmente al Estado. Su condición de recurso natural esencial lo convierte en un elemento básico para el mantenimiento y desarrollo no sólo de la existencia y la calidad de vida del ser humano, sino de otros derechos tan elementales como la salud, el trabajo y el medio ambiente, resultando prácticamente imposible imaginar que sin la presencia del líquido elemento el individuo pueda ver satisfechas sus necesidades elementales y aún aquellas otras que, sin serlo, permiten la mejora y el aprovechamiento de sus condiciones de existencia”.

El Tribunal Constitucional considera que este derecho involucra tres dimensiones: el derecho de acceso al agua potable, el derecho a la calidad del agua potable y el derecho a la suficiencia del agua potable.

Con relación al acceso, este supone cuatro cosas: i) Accesibilidad física: Tiene que existir agua en forma físicamente cercana al lugar donde las personas residen y se desarrollan (trabajo, estudio, etc.); ii) Accesibilidad económica: El costo del agua tiene que estar al alcance de todos; iii) Discriminación positiva: Debe tutelarse preferentemente a los sectores más vulnerables de la población; y iv) Accesibilidad informativa: Debe promoverse una política de información permanente sobre el uso del agua así como la necesidad de protegerla en cuanto recurso natural.

Con relación a la calidad supone que el agua debe ser dispensada con las garantías necesarias para el consumo humano. En consecuencia, recibir agua contaminada constituiría una violación a este derecho.

Finalmente, respecto del derecho a la suficiencia del agua potable significa que debe proveerse en condiciones cuantitativas adecuadas para al menos satisfacer las necesidades elementales de las personas. De esta manera, recibir notoriamente poca agua dentro de un servicio contratado también podría ser cuestionado.

Como puede notarse, el derecho al agua potable y al saneamiento implica una participación activa del Estado y también un costo económico significativo. Generalmente las poblaciones más pobre que inician un proceso de ocupación de tierras -por ejemplo, los asentamientos humanos-, usualmente, alejadas de las zonas más urbanizadas, son las que demandan este derecho y por su ubicación hacen más costoso el proceso de implementación, sin embargo, ello, no debería ser obstáculo para su reconocimiento y debería establecerse plazos concretos, bajo responsabilidad, para su implementación. Ante la escasez del recurso se plantean problemas sobre quien debe tener la prioridad. La toma de decisiones de la ampliación de la cobertura de los servicios de agua y saneamiento debe revertir de la mayor transparencia y del derecho de acceso a la información pública.

Por otro lado, aquí estamos ante un derecho de naturaleza colectiva y si bien se ha eliminado del Nuevo Código Procesal Constitucional la mención expresa a que pueden interponer demanda de amparo cualquier persona o entidades sin fines de lucro cuyo objeto es la defensa de los derechos constitucionales, cuando se trate de violación de derechos difusos; consideramos que en estos casos, cualquier persona debería tener derecho a presentar una demanda en favor de un grupo social en particular pues justamente, al calificarse al derecho al agua como un derecho social, pertenece a un grupo indeterminable de sujetos que se encuentran vinculados por una situación concreta, por ejemplo, vivir en un asentamiento humano carente de agua. Esta fue una grave omisión del Nuevo Código Procesal Constitucional que esperamos lo corrija el activismo judicial.

Este artículo fue previamente publicado en AGNITIO: https://agnitio.pe/articulo/el-derecho-al-agua-potable-y-al-saneamiento/

Imagen extraída de: https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-debe-garantizarse-servicio-permanente-de-agua-potable-en-chaclacayo/

Carlos Fonseca Sarmiento

Presidente de PERUDERECHOS.PE

Nuestro primer Código Procesal Constitucional (Ley 28237), vigente desde el 01 de diciembre de 2004 tuvo una vida de 16 años, 7 meses y 22 días. El 24 de julio de 2021 entró en vigencia su reemplazo, el denominado “Nuevo Código Procesal Constitucional” (Ley 31307) -en adelante, el NCPC- y su nacimiento no ha sido pacífico pues fue observado por el Poder Ejecutivo, mediante el Oficio N°404-2021-PR del 02 de julio 2021, lo que originó que la Ley fuera reconsiderada por el Congreso, insistiendo en el texto aprobado en la sesión del Pleno del 21 de mayo de 2021.

El NCPC tiene bastantes cambios, más de forma que de fondo. Algunos buenos y otros, para ser un poco optimistas, de pronóstico reservado. Lo que si se advierte es un innecesario apresuramiento. Tanto en la falta de debate público  como en su entrada en vigencia, la cual empezó al día siguiente de su publicación y no como su antecesor, el cual otorgó una vacatio legis de 6 meses con el propósito de otorgar un tiempo razonable a los jueces y justiciables para estudiarlo y prepararse para su aplicación.

No por mucho madrugar, amanece más temprano. Si bien, algunos cambios introducidos por el NCPC son formalización de desarrollos jurisprudenciales, otras decisiones sobre acortamiento de plazos o eliminación de disposiciones de su antecesor, debieron ser objeto de mayor reflexión, pues el remedio podría ser peor que la enfermedad.

Se ha reconocido la fuerza normativa de la Constitución, la no gratuidad en los procesos constitucionales  iniciados por personas jurídicas contra resoluciones judiciales, el requisito de 5 votos para el precedente vinculante del Tribunal Constitucional y de 4 votos de vocales supremos para la acción popular, la solución para la incompatibilidad entre una norma convencional y una constitucional, la posibilidad de presentar demandas en lenguas aborígenes, la eliminación de varias causales de improcedencia de los procesos constitucionales, la posibilidad de presentar pruebas en segunda instancia y el Tribunal Constitucional, la remisión del caso al Ministerio Público cuando no se cumple con la ejecución de la sentencia, la sustitución del juez penal por el constitucional como el competente en los hábeas corpus donde además no es obligatoria la vista de la causa, el reconocimiento formal del derecho a la autodeterminación informativa, los 4 votos requeridos en el Tribunal Constitucional para declarar la inadmisibilidad y la improcedencia liminar en los procesos de inconstitucionalidad; la eliminación de la habilitación expresa a las entidades sin fines de lucro y cualquier persona para presentar demandas de amparo sobre derechos difusos y; muchas otras modificaciones más, que hacen necesario revisar concienzudamente para evaluar su impacto real en la justicia constitucional en el Perú.

Por temas de espacio, no podemos comentar todos los cambios. Por esta razón, en este artículo vamos a mencionar únicamente a 10 que nos parecen significativos, con relación al anterior Código Procesal Constitucional.

1. Prohibición del rechazo liminar. El artículo 6 del NCPC dispone que no procede el rechazo liminar de la demanda. Este creo yo, es el cambio más significativo pues significa que toda demanda de habeas corpus, amparo, habeas data y de cumplimiento será admitida por el juez constitucional, sin excepciones. Que no se sorprendan si por un caso mediático aparece como noticia que admitieron la demanda. Será ahora un hecho rutinario. Pero debemos recordar lo que ocurre hoy día en la práctica donde con frecuencia nos vamos a los dos extremos. Por un lado, se presentan demandas manifiestamente improcedentes y el juez las rechaza de plano. Pero por otro lado, tampoco podemos negar que es frecuente que los jueces -por miedo, holgazanería, incapacidad y hasta corrupción- declaran la improcedencia liminar de las demandas y obliga al demandante a transitar un largo y costoso proceso sólo para lograr su admisión, desnaturalizándose por completo la naturaleza de tutela urgente de los procesos como el amparo. El legislador ha optado por optimizar la tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales, aunque esta medida pueda ser cuestionada por desproporcionada.

2. El reconocimiento de la apelación por salto. El artículo 22 del NCPC reconoce esta figura, la cual fue una creación jurisprudencial de la Sentencia 0004-2009-PA/TC (Caso Roberto Allca Atachahua). Consiste en la apelación que se interpone contra una resolución del juez de ejecución para que sea resuelta por el Tribunal Constitucional, pasando por alto a la Segunda Instancia. La nueva norma ha establecido que de forma excepcional, se permitirá la apelación por salto en casos de resoluciones judiciales en procesos de ejecución de sentencia, cuando se verifique una inacción en su ejecución o cuando se decida en contra de la protección otorgada al derecho fundamental agredido y se desproteja los derechos fundamentales cuya protección ya se otorgó.

3. Invitación al Amicus curiae. El Artículo V del Título Preliminar del NCPC permite que terceros ajenos a los procesos constitucionales puedan intervenir con sus opiniones jurídicas o con sus conocimientos técnicos o especializados de relevancia necesaria para resolver la causa. La figura del “Amigo de la Corte” (Amicus curiae) ya estaba reconocido en el artículo 13-A del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional. La manera como se ha regulado es por invitación, es decir, no se ha permitido la participación voluntaria y espontánea de algún especialista interesado en el caso que está sometido a un juez constitucional. Si lo que se busca es la optimización de los derechos fundamentales, debió permitirse la participación voluntaria sin perjuicio que el propio juez constitucional pueda invitar a otros o rechazar justificadamente la participación de algún tercero.

4. Notificaciones electrónicas. Considerando los problemas del Covid-19 y con el propósito de modernizar y agilizar la justicia constitucional se ha dispuesto en el artículo 11 del NCPC, que todas las resoluciones se notifican a la casilla electrónica. Sin embargo, si por alguna razón al demandante no le es posible fijar la casilla electrónica, podrá optar por otros medios telemáticos o si prefiere se le notificará a su dirección domiciliaria. Cuando se recibe una notificación electrónica el plazo se inicia dos días posteriores a la notificación. Actualmente, los procesos constitucionales se notifican por casilla electrónica y muchas veces ocurren un sábado o domingo, por esa razón es idóneo que se fije ese plazo mínimo de dos días.

5. Inclusión de nuevos derechos fundamentales protegidos. En los artículos 33, 44 y 59 del NCPC, referido a los derechos cubiertos por los procesos de habeas corpus, amparo y habeas data; respectivamente, se han incluido algunos que no estaban expresamente contemplados en el Código Procesal Constitucional anterior. En el caso del hábeas corpus, cabe resaltar el derecho a no ser sometido a esclavitud, servidumbre, explotación infantil o trata en cualquier de sus modalidades; el derecho a no ser objeto de ejecución extrajudicial, el derecho a la verdad y el derecho a la protección de la familia frente a actos de violencia doméstica. En el caso del amparo, se han incluido el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, a la libertad de conciencia y el derecho de objetar y el derecho al agua potable. Este último, como consecuencia de su introducción en la Constitución, como artículo 7-A, el cual dispone que el Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable. Finalmente, en el caso del habeas data se reconoce formalmente al derecho de autodeterminación informativa (aunque omite señalar que se encuentra en el artículo 2, inciso 6) de la Constitución pero de una manera detallada describe hasta 16 modalidades de protección del mismo.

6. Impugnar sin fundamentar. El artículo 21 del NCPC reconoce expresamente que para la interposición de los medios impugnatorios, con excepción de la queja, no se requiere fundamentación, salvo en el proceso de habeas corpus si el apelante es la parte demandada. Como puede advertirse de esta medida y la prohibición del rechazo liminar de las demandas, el legislador ha optado por optimizar la continuación de los procesos constitucionales.

7. Vista de la causa en los Recursos de Agravio Constitucional. El artículo 24 del NCPC también sigue esta línea de la continuidad de los procesos constitucionales pues dispone que en el Tribunal Constitucional es obligatoria la vista de la causa y que la falta de convocatoria de la vista y del ejercicio de la defensa invalidan el trámite de este recurso.

8. Principios del Proceso de Habeas Corpus. Un artículo novedoso del NCPC es el 32 pues establece los principios que rigen el proceso constitucional del habeas corpus, básicamente: informalidad, no simultaneidad, actividad vicaria, unilateralidad e imprescriptibilidad. El más resaltante de todos ellos es sin lugar a dudas el de “unilateralidad” pues reconoce como regla general que no es necesario escuchar a la otra parte para resolver la situación del agraviado. En otras palabras, no es necesario identificar al supuesto agresor del derecho y lo que se busca preferentemente es la protección objetiva de la libertad individual y los derechos conexos.

9. Acuerdos previos para demandas de inconstitucionalidad del Presidente del Poder Judicial y Fiscal Supremo. El artículo 98 del NCPC dispone que el Presidente del Poder Judicial o el Fiscal de la Nación deben interponer la demanda de inconstitucionalidad con el acuerdo de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia o de la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente. Aquí creo que hay un error con relación al Fiscal de la Nación, pues si bien, en el artículo 203 de la Constitución, la legitimación activa del Presidente del Poder Judicial si requiere del acuerdo de la Sala Plena; con relación al Fiscal de la Nación no existe esta restricción, es decir, no está impedido de presentar una demanda de inconstitucionalidad sin contar con un acuerdo previo de la Junta de Fiscales Supremos. Por otro lado, y en evidente señal de apresuramiento en aprobar el NCPC, en el artículo 101 de los anexos de la demanda, a diferencia de otros sujetos legitimados para presentar demandas de inconstitucionalidad donde se les exige el Acuerdo previo del órgano pertinente, en el caso de las demandas del Poder Judicial o del Fiscal de la Nación se han olvidado de incluir como requisito obligatorio de la demanda los referidos Acuerdos.

10. Las decisiones jurisdiccionales de las salas y del Pleno del TC. Finalmente, es preciso resaltar los artículos 117 y 118 del NCPC que regulan las decisiones jurisdiccionales de las salas y del Pleno del Tribunal Constitucional respecto de los procesos de habeas corpus, amparo, habeas data y de cumplimiento, incorporando en el NCPC lo que ya estaba reconocido en el Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, la existencia de dos salas integradas por tres magistrados cada una y que la sentencia requiere de tres votos conformes. Mientras que para las decisiones del Pleno, se requiere de cuatro votos conformes.

Este artículo fue previamente publicado en AGNITIO: https://agnitio.pe/articulo/10-cambios-significativos-en-el-nuevo-codigo-procesal-constitucional/ 

Imagen: https://www.diariojuridico.com/colombia-el-derecho-procesal-constitucional/

I.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa legislativa tiene como finalidad modificar los artículos 31°, 200° y 203° de la Constitución Política del Estado con el propósito de introducir la legitimidad popular para iniciar los procesos de inconstitucionalidad y reconocer como derecho fundamental de carácter político el control que todo ciudadano puede hacer de las normas generales a través de un proceso de inconstitucionalidad.

Nuestra Constitución reconoce en el artículo 38° que: “Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación”.

Asimismo, en su artículo 51° establece que: “La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado”.

Finalmente, en el segundo párrafo del artículo 138° se dispone que: “En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior”.

Estas normas recogen el Principio de la supremacía normativa de la Constitución. Esto significa que la Constitución tiene una jerarquía superior a las leyes y sobre cualquier otra categoría normativa, en consecuencia, ante una incompatibilidad entre la Constitución y otra norma de un ordenamiento jurídico determinado deberá aplicarse la Constitución.

Constitución y ley no son lo mismo. La Constitución proviene de un poder ilimitado, la ley, de un poder limitado. El control de constitucionalidad justamente busca que la ley no sobrepase sus límites y estos son los establecidos por la Constitución. La Constitución es la fuente originaria del ordenamiento jurídico de un determinado Estado y como consecuencia de ello, es también su fuente primaria, suprema, principal e inmediata. En este documento, se establecen las reglas sobre la forma como deben producirse todas las otras categorías normativas que admitirá un ordenamiento jurídico determinado para su funcionamiento. Por esto, todas estas otras categorías normativas –por ejemplo: leyes, resoluciones legislativas, ordenanzas, decretos legislativos, etc.- y su generación, son al final de cuentas, una aplicación de la Constitución.

Aquí puede advertirse la más importante diferencia entre la Constitución y las otras categorías normativas que pudieran existir en un ordenamiento jurídico determinado. La Constitución no está subordinada a otra categoría normativa, mientras que las otras categorías normativas –sin excepción, de modo directo o indirecto- están subordinadas a la Constitución. La Constitución no constituye aplicación de otra categoría normativa, mientras que las otras categorías normativas son una aplicación –directa o indirecta- de la Constitución. 

Por lo tanto, deben existir mecanismos que garanticen que la vigencia de la Constitución y estos son las garantías constitucionales establecidas en el Título V de nuestra Constitución. Una de las más importantes es el proceso de inconstitucionalidad, el cual reitera el modelo adoptado por la Constitución de 1979 de establecer legitimidad restringida para promover una demanda de esta naturaleza, con lo cual, la regla adoptada en el artículo 203° de la Constitución para defender el principio de Supremacía Constitucional fijado en el artículo 51° no guarda armonía con el deber de todos de defender la Constitución fijado en el artículo 38°, pues al existir un número delimitado de sujetos e entidades facultados a interponer una demanda de inconstitucionalidad, el control de constitucionalidad realmente es un privilegio y no un derecho.

Lo más grave es que los sujetos que actualmente están legitimados para ejercer control de constitucionalidad no han realizado una tarea óptima, coherente y responsable; principalmente los sujetos o entidades que son funcionarios públicos. Generalmente han hecho uso de esta atribución motivados por la afectación de un “interés directo”. En efecto, en la mayoría de los casos, sólo cuando es afectado una competencia específica o un interés concerniente a la entidad autorizada a hacer el control se ha presentado la demanda de inconstitucionalidad. ¿Por qué entonces restringir el control a unas pocas entidades que no están preocupadas por garantizar la supremacía normativa de la Constitución? ¿Por qué evitar la optimización de la defensa de la Constitución cuando existen mecanismos idóneos para tal propósito como la legitimidad popular?

En el cuadro siguiente, puede observarse una estadística de quienes han sido los sujetos que han promovido los 336 procesos de inconstitucionalidad presentados bajo la Constitución de 1993 y hasta el año 2009:

	Demandante	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	Total	%
01	El Presidente de la República	—	—	—	—	—	—	—	—	—	03	01	02	05	02	13	03.87
02	El Fiscal de la Nación	—	—	—	—	—	—	—	01	—	—	01	—	—	01	03	00.89
03	El Defensor del Pueblo	04	03	—	—	01	07	01	03	02	01	—	01	02	01	26	07.74
04	El 25% del número legal de congresistas	09	01	01	—	02	—	—-	02	01	02	02	03	04	05	32	09.52
05	5,000 ciudadanos	06	—	01	01	—	03	04	05	14	08	04	04	09	09	68	20.24
06	1% de los ciudadanos del respectivo ámbito territorial, siempre que este porcentaje no exceda  de 5,000 firmas, si la norma es una Ordenanza Municipal		—	—	—	—	—	—	—	02	02	04	02	04	06	20	05.95
07	Presidente de Región	—	—	—	—	—	—	—	02	02	05	—	01	01	—	11	03.28
08	Alcalde Provincial	01	—	01	—	—	03	02	05	08	04	04	11	03	04	46	13.69
09	Colegios Profesionales	04	03	—	03	—	04	06	04	21	08	11	09	02	08	83	24.70
10	Otros (Alcalde Distrital o de Centro Poblado)	—	—	—	—	—	—	—	01	01	—	01	01	01	—	05	01.49
11	Otros (Persona Natural o Persona Jurídica de Derecho Privado)	—	01	01	02	05	01	03	01	03	01	05	02	02	01	28	08.33
12	Otros (Regidor Municipal)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	01	—	—	—	—	01	00.30
		24	08	04	06	08	18	16	24	54	35	33	36	33	37	336	100%

El comportamiento institucional del Fiscal de la Nación es cuestionable pues solo hizo control constitucional en tres ocasiones, dos para defender sus intereses directos –pues cuestionó normas porque afectaban su “autonomía funcional”- y una para defender los intereses directos del Poder Judicial y así expresamente lo reconoció en su demanda. Una de las razones por las que se designó al Fiscal de la Nación como sujeto legitimado para las demandas de inconstitucionalidad es que representa a la sociedad en los procesos judiciales, en otras palabras, bajo un sistema de legitimidad restringida, la representación institucionalizada de la sociedad fue el criterio que justificó la designación de esta entidad, pero sin embargo, en la práctica se advierte que no ha cumplido su misión. El Fiscal de la Nación no tiene las restricciones impuestas a los Alcaldes Provinciales o a los Colegios Profesionales que sólo pueden hacer control constitucional en materias de su competencia o su especialidad, respectivamente. El Fiscal de la Nación pudo constituirse en el vehículo pertinente para canalizar demandas de sectores minoritarios de la sociedad pero en vez de ello, el Fiscal de la Nación sólo recurrió 3 veces en 14 años para ejercer el control de constitucionalidad.

Otro caso es el del Presidente de la República quien sólo ha hecho control en 13 ocasiones y recién desde el 2005. Para esto hay una explicación, la aparición de la función normativa de los Gobiernos Regionales. En otras palabras, principalmente porque las Ordenanzas Regionales podrían invadir las competencias del Poder Ejecutivo es que el Presidente de la República ha buscado garantizar la Supremacía Normativa de la Constitución. Por otro lado, el control de constitucionalidad exitoso contra los Decretos de Urgencia del Presidente de la República ha sido propiciado no por el Congreso u otra entidad del Estado, sino por los propios ciudadanos que agrupados en número no menor de 5,000 lograron que se declare la inconstitucionalidad de 4 de las 6 sentencias fundadas que expidió el Tribunal Constitucional contra este tipo de normas.

Puede verse además que es la participación institucionalizada de la sociedad –a través de los Colegios Profesionales- y la participación representativa de la sociedad – con 5,000 ó más ciudadanos o el 1% de la jurisdicción municipal- quien ha promovido más el control de constitucionalidad. Prácticamente más del 50% de los procesos de inconstitucionalidad tienen como demandantes a la sociedad civil. Entonces, es una necesidad para la defensa de la Constitución y el desarrollo de sus miembros que toda persona pueda activar el control de constitucionalidad pues la vigencia de la Constitución es un valor que interesa a todos para el desarrollo de su proyecto personal.

La posibilidad que un sistema de legitimidad popular para el control de constitucionalidad pueda provocar el colapso procesal del Tribunal Constitucional no es un hecho comprobado ni en los países que tienen este sistema –que por cierto son numéricamente más que los que tienen legitimidad restringida, al menos en Latinoamérica- ni en nuestro propio país, respecto del control de las normas con inferior jerarquía a Ley, en los cuales si existe legitimidad popular. Asimismo, debe tener en consideración que desde el punto de vista cuantitativo el control de la constitucionalidad de las normas con inferior jerarquía a Ley es teóricamente más probable que el de las normas con rango de ley vigentes en nuestro ordenamiento jurídico, pues numéricamente son muchas más, pero a pesar de esta situación, la legitimidad popular en los procesos de control de constitucionalidad de normas con inferior jerarquía a ley no ha producido los problemas que los defensores de la legitimidad restringida consideran que pudiera ocurrir si se introduce la legitimidad popular en el control de constitucionalidad de las normas con rango de Ley. 

En el cuadro siguiente se muestra cuantos países latinoamericanos tienen legitimidad restringida y cuantos tienen legitimidad popular:

	País	Tipo de Legitimidad Activa en procesos (acciones) de inconstitucionalidad que pueden producir la anulación de la norma inconstitucional.
01	Colombia	Legitimidad Popular
02	Ecuador	Legitimidad Popular
03	Venezuela	Legitimidad Popular
04	Panamá	Legitimidad Popular
05	Nicaragua	Legitimidad Popular
06	El Salvador	Legitimidad Popular
07	Guatemala	Legitimidad Popular
08	Costa Rica	Legitimidad Popular cuando es un interés difuso o interés de la colectividad
09	Brasil	Legitimidad Restringida
10	Bolivia	Legitimidad Restringida
11	Chile	Legitimidad Restringida
12	Perú	Legitimidad Restringida
13	México	Legitimidad Restringida
14	Uruguay	Cualquiera con interés legítimo, directo y personal. (Se interpreta restrictivamente)
15	Honduras	Cualquiera con interés legítimo, directo y personal. (Se interpreta extensivamente)
16	República Dominicana	Cualquiera con interés legítimo y jurídicamente protegido. (Antes se interpretaba extensivamente ahora restrictivamente)
17	Argentina	No existe control que pueda producir la anulación de la norma
18	Paraguay	No existe control que pueda producir la anulación de la norma
19.	Cuba	No existe control jurisdiccional

Por otro lado, el control de constitucionalidad puede y debe calificar como un derecho fundamental de naturaleza política pues la violación de la Constitución impacta directa e indirectamente en el desarrollo de todos los miembros de la comunidad por ello la defensa de la Constitución además de ser un deber es un derecho. 

Como señala el profesor CASTILLO CÓRDOVA, “De manera general se puede afirmar que el contenido constitucional de un derecho fundamental sólo podrá estar conformado por aquellas pretensiones que cumplan las dos condiciones (…). La primera, que la obtención de la pretensión signifique la satisfacción de una necesidad humana; y segundo, que la obtención de la pretensión no signifique obstruir o impedir la satisfacción de otra necesidad humana”. (Ver: CASTILLO CÓRDOVA, Luis. Los derechos constitucionales. Elementos para una teoría general, p.61).

Es por ello que la finalidad de los derechos fundamentales es lograr el pleno desarrollo de la persona humana, por lo tanto, nadie ni nada debe ir contra ese pleno desarrollo tal como lo ha establecido ese pacto político llamado “Constitución”. Toda autoridad derivada de éste sólo tiene poder limitado. Y limitado por la Constitución. En consecuencia, si es admisible establecer que el control de constitucionalidad es un derecho fundamental, claro está, de “naturaleza política”, pues al quebrantarse la Constitución, indirectamente se está quebrantando las condiciones para el pleno desarrollo de las personas humanas que son parte de dicha comunidad política.

Dentro de los derechos fundamentales que una Constitución puede reconocer a todas las personas, también se encuentran los de naturaleza política y su fundamento es explicado por CASTILLO CÓRDOVA de la siguiente forma: “(…), en la medida que la titularidad del poder reside en el pueblo, y que los que en un momento determinado tiene atribuido el ejercicio del poder lo tienen por delegación, es que queda plenamente justificada la existencia de mecanismos que permitan a la población no sólo la fiscalización sobre el ejercicio del poder que realice el Gobernante, sino además que permitan la participación de la población en el ejercicio del poder en aquellas situaciones especialmente relevantes para la existencia de la comunidad política”. (Ver: CASTILLO CÓRDOVA, Luis. Los derechos constitucionales. Elementos para una teoría general, p.61).

Es así que dentro de los derechos políticos, algunos países como Colombia, con su Constitución de 1991, han reconocido expresamente como derecho constitucional al control de constitucionalidad. En efecto, su artículo 40°, dentro del Capítulo I, “De los derechos fundamentales”, bajo el título “Derechos del ciudadano”, prescribe que:

“Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:

(…)

6°) Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley.

(…)”.

Finalmente, la garantía de la Acción Popular contra normas de inferior jerarquía a Ley sería eliminada pues el control de constitucionalidad recae en el Tribunal Constitucional quien es el órgano de control de la Constitución y eso evitaría criterios contradictorios en la interpretación constitucional.

II.- EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN NACIONAL.

La presente iniciativa legislativa tiene como finalidad modificar las normas que permitan la introducción de la legitimidad popular en el control de constitucionalidad, para ello se debe modificar los artículos 31°, 200° y 203° de la Constitución Política del Perú y en consecuencia todas aquellas que constituyan aplicación de tales normas, entre ellas, el Código Procesal Constitucional.

III.- COSTO BENEFICIO DE LA NORMA.

No hay costo para el Estado, el beneficio, por el contrario está en incorporar un sistema que pretende garantizar en forma efectiva e inmejorable la vigencia de su Constitución. Si existen más sujetos con legitimidad activa indudablemente van a existir más posibilidades de control y el mayor control va a redundar en mejores normas y en una Constitución menos contaminada, en otras palabras, el funcionamiento del pacto social en su más óptima versión. El colapso procesal del Tribunal Constitucional por la proliferación de demandas de inconstitucionalidad es solo un mito. No ha ocurrido con la Acción Popular en el Perú ni con las Acciones Populares de Inconstitucionalidad en países que ya la tienen incorporada a sus ordenamientos jurídicos. Por el contrario, la expedición de una sentencia en un proceso de inconstitucionalidad contra una norma puede tener el efecto positivo de reducir el número de amparos contra los efectos de esa norma, situación que ocurre con frecuencia en el país.

IV.- FÓRMULA LEGAL

Por lo expuesto, se somete a estudio el siguiente texto legal:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA:

HA DADO LA LEY SIGUIENTE:

“Ley que modifica los artículos 31°, 200° y 203° de la Constitución Política del Estado”

Artículo 1°.- Modifíquese el artículo 31 de la Constitución Política del Estado, en los términos siguientes:

“Artículo 31°.- Los ciudadanos tienen derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades; demanda de rendición de cuenta y la interposición de acciones públicas en defensa de la Constitución y de la Ley. Tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica”.

Artículo 2°.- Modifíquese el numeral 4 del artículo 200 de la Constitución Política del Estado, en los términos siguientes:

“Artículo 200°.- Son garantías constitucionales:

(…)

4.- El Proceso de Inconstitucionalidad, por infracción a la Constitución, que procede contra cualquier ley, decreto o en general, cualquier norma de carácter general, cualquiera sea la autoridad de la que emanen”.

Artículo 3°.- Elimínese el numeral 5 del artículo 200 de la Constitución Política del Estado.

Artículo 4°.- Modifíquese el artículo 203 de la Constitución Política del Estado, en los términos siguientes:

“Artículo 203°.- Cualquier ciudadano puede iniciar un proceso de inconstitucionalidad contra cualquier norma de carácter general que infrinja la Constitución. La demanda de inconstitucionalidad de una norma debe interponerse dentro del plazo de tres años contado a partir de su publicación, salvo el caso de los tratados en que el plazo es de seis meses”.

Imagen: https://amparodosunivia.wordpress.com/2015/01/08/decretos/

Completamos solicitudes de acceso a la información pública para conocer las boletas de pago con la remuneración recibida en el mes de Agosto de 2021 del; Ministro, Viceministros, Secretario General, Director de la Oficina General de Administración y Asesores II del Despacho Ministerial; de determinados ministerios.

Compartimos las respuestas recibidas:

1. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
2. Ministerio de Educación
3. Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
4. Ministerio de Relaciones Exteriores
5. Ministerio de la Producción
6. Ministerio de Cultura
7. Ministerio de Transportes y Comunicaciones
8. Ministerio de Energía y Minas

Imagen: https://www.lifeder.com/documentos-pagar/

Relación de demandas por  demandante

	Demandante	Número de demandas
01	El Presidente de la República	—
02	El Fiscal de la Nación	—
03	El Defensor del Pueblo	01
04	El 25% del número legal de congresistas	02
05	5,000 ciudadanos	—
06	1% de los ciudadanos del respectivo ámbito territorial, siempre que este porcentaje no exceda  de 5,000 firmas, si la norma es una Ordenanza Municipal	—
07	Presidente de Región	—
08	Alcalde Provincial	—
09	Colegios Profesionales	—
10	Otros (Alcalde Distrital o de Centro Poblado)	—
11	Otros (Persona Natural o Persona Jurídica de Derecho Privado)	05
12	Otros	—
		08

Relación de demandas por tipo de norma

	Tipo de norma	Número de demandas
01	Ley	06
02	Decreto Legislativo	—
03	Decreto de Urgencia	02
04	Tratado (Resolución Legislativa)	—
05	Reglamento del Congreso	—
06	Norma Regional de carácter general	—
07	Ordenanza Municipal	—
08	Otras (Decreto Supremo)	—
08	Otras (Decretos Leyes)	—
08	Otras (Constitución Política)	—
		08

Relación de demandas por decisión final

	Decisión final del Tribunal Constitucional	Número de demandas
01	Fundada	01
02	Fundada en Parte	—
03	Infundada	01
04	Improcedente	—
05	Inadmisible	05
06	Otras (Carece objeto de pronunciarse por sustracción de la materia)	01
		08

Relación de demandas por tiempo de resolución

	Decisión final del Tribunal Constitucional	Número de demandas
01	En el año de presentación de la demanda	03
02	En el segundo año desde la presentación de la demanda	04
03	En el tercer año desde la presentación de la demanda	01
04	En el cuarto año desde la presentación de la demanda	—
05	Otras	—
06	Otras	—
		08

Relación de demandas por demandante

	Demandante	Número de demandas
01	El Presidente de la República	—
02	El Fiscal de la Nación	—
03	El Defensor del Pueblo	—
04	El 25% del número legal de congresistas	—
05	5,000 ciudadanos	01
06	1% de los ciudadanos del respectivo ámbito territorial, siempre que este porcentaje no exceda  de 5,000 firmas, si la norma es una Ordenanza Municipal	—
07	Presidente de Región	—
08	Alcalde Provincial	—
09	Colegios Profesionales	03
10	Otros	—
11	Otros (Personas Naturales)	02
12	Otros	—
		06

Relación de demandas por tipo de norma

	Tipo de norma	Número de demandas
01	Ley	02
02	Decreto Legislativo	—
03	Decreto de Urgencia	02
04	Tratado (Resolución Legislativa)	—
05	Reglamento del Congreso	—
06	Norma Regional de carácter general	—
07	Ordenanza Municipal	02
08	Otras (Decreto Supremo)	—
08	Otras	—
08	Otras	—
		06

Relación de demandas por decisión final

	Decisión final del Tribunal Constitucional	Número de demandas
01	Fundada	—
02	Fundada en Parte	01
03	Infundada	02
04	Improcedente	—
05	Inadmisible	02
06	Otras (No pronunciamiento por sustracción de la materia)	01
		06

Relación de demandas por tiempo de resolución

	Decisión final del Tribunal Constitucional	Número de demandas
01	En el año de presentación de la demanda	—
02	En el segundo año desde la presentación de la demanda	01
03	En el tercer año desde la presentación de la demanda	03
04	En el cuarto año desde la presentación de la demanda	02
05	Otras	—
06	Otras	—
		06

(*)El Tribunal Constitucional recuperó su capacidad de resolver acciones de inconstitucionalidad desde el 21 de Noviembre de 2000.

Relación de demandas por demandante

	Demandante	Número de demandas
01	El Presidente de la República	—
02	El Fiscal de la Nación	—
03	El Defensor del Pueblo	—
04	El 25% del número legal de congresistas	01
05	5,000 ciudadanos	01
06	1% de los ciudadanos del respectivo ámbito territorial, siempre que este porcentaje no exceda  de 5,000 firmas, si la norma es una Ordenanza Municipal	—
07	Presidente de Región	—
08	Alcalde Provincial	01
09	Colegios Profesionales	—
10	Otros (Personas Jurídicas)	01
11	Otros (Personas Naturales)	—
12	Otros	—
		04

Relación de demandas por tipo de norma

	Tipo de norma	Número de demandas
01	Ley	03
02	Decreto Legislativo	—
03	Decreto de Urgencia	—
04	Tratado (Resolución Legislativa)	—
05	Reglamento del Congreso	—
06	Norma Regional de carácter general	—
07	Ordenanza Municipal	01
08	Otras (Decreto Supremo)	—
08	Otras	—
08	Otras	—
		04

Relación de demandas por decisión final

	Decisión final del Tribunal Constitucional	Número de demandas
01	Fundada	01
02	Fundada en Parte	—
03	Infundada	—
04	Improcedente	—
05	Inadmisible	02
06	Otras (Carece de objeto pronunciarse)	01
		04

Relación de demandas por tiempo de resolución

	Decisión final del Tribunal Constitucional	Número de demandas
01	En el año de presentación de la demanda	—
02	En el segundo año desde la presentación de la demanda	—
03	En el tercer año desde la presentación de la demanda	01
04	En el cuarto año desde la presentación de la demanda	01
05	Otras (En el quinto año)	02
06	Otras	—
		04

(*)El Tribunal Constitucional recuperó su capacidad de resolver acciones de inconstitucionalidad desde el 21 de Noviembre de 2000.

Relación de demandas por demandante

	Demandante	Número de demandas
01	El Presidente de la República	—
02	El Fiscal de la Nación	—
03	El Defensor del Pueblo	03
04	El 25% del número legal de congresistas	01
05	5,000 ciudadanos	—
06	1% de los ciudadanos del respectivo ámbito territorial, siempre que este porcentaje no exceda  de 5,000 firmas, si la norma es una Ordenanza Municipal	—
07	Presidente de Región	—
08	Alcalde Provincial	—
09	Colegios Profesionales	03
10	Otros (Personas Jurídicas)	—
11	Otros (Personas Naturales)	01
12	Otros	—
		08

Relación de demandas por tipo de norma

	Tipo de norma	Número de demandas
01	Ley	02
02	Decreto Legislativo	02
03	Decreto de Urgencia	03
04	Tratado (Resolución Legislativa)	—
05	Reglamento del Congreso	—
06	Norma Regional de carácter general	—
07	Ordenanza Municipal	01
08	Otras (Decreto Supremo)	—
08	Otras	—
08	Otras	—
		08

Relación de demandas por decisión final

	Decisión final del Tribunal Constitucional	Número de demandas
01	Fundada	—
02	Fundada en Parte	01
03	Infundada	01
04	Improcedente	02
05	Inadmisible	01
06	Otras (Carece de objeto pronunciarse por sustracción de la materia)	02
	(*) No se ha encontrado el fallo de Exp. 007-1997-AI/TC	08

Relación de demandas por tiempo de resolución

	Decisión final del Tribunal Constitucional	Número de demandas
01	En el año de presentación de la demanda	01
02	En el segundo año desde la presentación de la demanda	—
03	En el tercer año desde la presentación de la demanda	—
04	En el cuarto año desde la presentación de la demanda	03
05	Otras (En el quinto año)	03
06	Otras	—
	(*) No se ha encontrado el fallo de Exp. 007-1997-AI/TC	08

(*)El Tribunal Constitucional recuperó su capacidad de resolver acciones de inconstitucionalidad desde el 21 de Noviembre de 2000.

Relación de demandas por demandante

	Demandante	Número de demandas
01	El Presidente de la República	—
02	El Fiscal de la Nación	—
03	El Defensor del Pueblo	04
04	El 25% del número legal de congresistas	09
05	5,000 ciudadanos	06
06	1% de los ciudadanos del respectivo ámbito territorial, siempre que este porcentaje no exceda  de 5,000 firmas, si la norma es una Ordenanza Municipal	—
07	Presidente de Región	—
08	Alcalde Provincial	01
09	Colegios Profesionales	04
10	Otros (Personas Jurídicas)	—
11	Otros (Personas Naturales)	—
12	Otros	—
		24

Relación de demandas por tipo de norma

	Tipo de norma	Número de demandas
01	Ley	10
02	Decreto Legislativo	10
03	Decreto de Urgencia	—
04	Tratado (Resolución Legislativa)	—
05	Reglamento del Congreso	—
06	Norma Regional de carácter general	—
07	Ordenanza Municipal	—
08	Otras (Decreto Ley)	04
08	Otras	—
08	Otras	—
		24

Relación de demandas por decisión final

	Decisión final del Tribunal Constitucional	Número de demandas
01	Fundada	—
02	Fundada en Parte	12
03	Infundada	05
04	Improcedente	05
05	Inadmisible	—
06	Otras (Carece de objeto pronunciarse por sustracción de la materia)	02
		24

Relación de demandas por tiempo de resolución

	Decisión final del Tribunal Constitucional	Número de demandas
01	En el año de presentación de la demanda	03
02	En el segundo año desde la presentación de la demanda	17
03	En el tercer año desde la presentación de la demanda	—
04	En el cuarto año desde la presentación de la demanda	—
05	Otras (En el sexto año)	04
06	Otras	—
		24

(*)El Tribunal Constitucional recuperó su capacidad de resolver acciones de inconstitucionalidad desde el 21 de Noviembre de 2000.

Presentamos el Nuevo Código Procesal Constitucional. Mediante la Ley 31307, publicada el 23 de julio de 2021, derogó el antiguo código (Ley 28237).

Descargar en PDF

LEY Nº 31307

LA PRESIDENTA A. I. DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

NUEVO CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo I. Alcances

El presente código regula los procesos constitucionales de habeas corpus, amparo, habeas data, cumplimiento, inconstitucionalidad, acción popular y los conflictos de competencia previstos en los artículos 200 y 202, inciso 3), de la Constitución.

Artículo II. Fines de los procesos constitucionales

Son fines esenciales de los procesos constitucionales garantizar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales reconocidos por la Constitución y los tratados de derechos humanos; así como los principios de supremacía de la Constitución y fuerza normativa.

Artículo III. Principios procesales

Los procesos constitucionales se desarrollan con arreglo a los principios de dirección judicial del proceso, economía, inmediación, socialización y el principio de gratuidad en la actuación del demandante salvo que se trate de procesos constitucionales iniciados por personas jurídicas contra resoluciones judiciales.

El juez y el Tribunal Constitucional tienen el deber de impulsar de oficio los procesos, salvo en los casos expresamente señalados en el presente código.

Asimismo, el juez y el Tribunal Constitucional deben adecuar la exigencia de las formalidades previstas en este código al logro de los fines de los procesos constitucionales.

Cuando en un proceso constitucional se presente una duda razonable respecto de si el proceso debe declararse concluido, el juez y el Tribunal Constitucional declararán su continuación.

La gratuidad prevista en este artículo no obsta el cumplimiento de la resolución judicial firme que disponga la condena en costas y costos conforme a lo previsto por el presente código.

Artículo IV. Órganos competentes

Los procesos constitucionales son de conocimiento del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, en sus respectivas leyes orgánicas y en el presente código.

Artículo V. Amicus curiae

El juez, la sala o el Tribunal Constitucional, si lo consideran conveniente, podrán invitar a personas naturales o jurídicas en calidad de amicus curiae, para que expresen por escrito u oralmente su opinión jurídica sobre una materia compleja. También puede invitarse al amicus curiae para que ilustre al juzgador sobre conocimientos no jurídicos, técnicos o especializados de relevancia necesaria para resolver la causa.

Son requisitos que debe cumplir la participación del amicus curiae:

1. No es parte ni tiene interés en el proceso.
2. Tiene reconocida competencia e idoneidad sobre la materia que se le consulta.
3. Su opinión no es vinculante.
4. Su admisión al proceso le corresponde al órgano jurisdiccional.

El amicus curiae carece de competencia para presentar recursos o interponer medios impugnatorios.

Artículo VI. Precedente vinculante

Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo, formulando la regla jurídica en la que consiste el precedente. Cuando el Tribunal Constitucional resuelva apartándose del precedente, debe expresar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la sentencia y las razones por las cuales se aparta del precedente.

Para crear, modificar, apartarse o dejar sin efecto un precedente vinculante se requiere la reunión del Pleno del Tribunal Constitucional y el voto conforme de cinco magistrados.

En los procesos de acción popular, la sala competente de la Corte Suprema de la República también puede crear, modificar o derogar precedentes vinculantes con el voto conforme de cuatro jueces supremos. La sentencia que lo establece formula la regla jurídica en la que consiste el precedente, expresa el extremo de su efecto normativo y, en el caso de su apartamiento, los fundamentos de hecho y de derecho en que se sustenta.

Artículo VII. Control difuso e interpretación constitucional

Cuando exista incompatibilidad entre la Constitución y otra norma de inferior jerarquía, el juez debe preferir la primera, siempre que ello sea relevante para resolver la controversia y no sea posible obtener una interpretación conforme a la Constitución.

Los jueces no pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad haya sido confirmada en un proceso de inconstitucionalidad o en un proceso de acción popular.

Los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación que resulte de las resoluciones del Tribunal Constitucional.

Artículo VIII. Interpretación de los derechos humanos y tratados internacionales

El contenido y alcances de los derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente código deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados sobre derechos humanos, así como con las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte.

En caso de incompatibilidad entre una norma convencional y una constitucional, los jueces preferirán la norma que más favorezca a la persona y sus derechos humanos.

Artículo IX. Aplicación supletoria e integración

Solo en caso de vacío o defecto del presente código son de aplicación supletoria la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Los códigos procesales afines a la materia discutida son de aplicación subsidiaria siempre y cuando no perjudiquen a las partes ni a los fines del proceso constitucional y solo ante la ausencia de otros criterios.

TÍTULO I: PROCESOS DE HABEAS CORPUS, AMPARO, HABEAS DATA Y CUMPLIMIENTO

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Finalidad de los procesos

Los procesos a los que se refiere el presente título tienen por finalidad proteger los derechos constitucionales, ya sean de naturaleza individual o colectiva, reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional, o disponiendo el cumplimiento de un mandato legal o de un acto administrativo.

Si luego de presentada la demanda, cesa la agresión o amenaza por decisión voluntaria del agresor, o si ella deviene en irreparable, el juez, atendiendo al agravio producido, declarará fundada la demanda precisando los alcances de su decisión, disponiendo que el emplazado no vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que motivaron la interposición de la demanda, y que si procediere de modo contrario se le aplicarán las medidas coercitivas previstas en el artículo 27 del presente código, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan.

Artículo 2. La demanda

En los procesos de habeas corpus, la demanda puede presentarse por escrito o verbalmente, en forma directa o por correo, a través de medios electrónicos de comunicación u otro idóneo. Cuando se trata de una demanda verbal, se levanta acta ante el juez o secretario, sin otra exigencia que la de suministrar una sucinta relación de los hechos.

En los procesos de amparo, habeas data y de cumplimiento, la demanda se presenta por escrito y deberá contener cuando menos, los siguientes datos y anexos:

1) La designación del juez ante quien se interpone;

2) el nombre, identidad y domicilio procesal del demandante;

3) el nombre y domicilio del demandado;

4) la relación numerada de los hechos que hayan producido, o estén en vías de producir la agresión del derecho constitucional;

5) los derechos que se consideran violados o amenazados;

6) el petitorio, que comprende la determinación clara y concreta de lo que se pide;

7) la firma del demandante o de su representante o de su apoderado, y la del abogado.

En ningún caso, la demanda podrá ser rechazada por el personal administrativo del juzgado o sala correspondiente.

En los lugares donde predominan el quechua, el aimara y demás lenguas aborígenes, la demanda escrita o verbal podrá ser interpuesta en estos idiomas.

Artículo 3. Turno

El inicio de los procesos constitucionales se sujetará a lo establecido para el turno en cada distrito judicial, salvo en los procesos de habeas corpus donde los jueces constitucionales se rigen por sus propias reglas de competencia.

Si el demandante conoce, antes de demandar o durante el proceso, que el funcionario contra quien dirige la demanda ya no ocupa tal cargo, puede solicitar al juez que este no sea emplazado con la demanda.

Artículo 4. Defensa pública

En los procesos de habeas corpus, amparo, habeas data y de cumplimiento, el demandante que no cuenta con los recursos económicos suficientes o se encuentra en estado de vulnerabilidad, puede recurrir a la defensa pública, y, si la hubiere, a la especializada en defensa constitucional y derecho procesal constitucional.

Artículo 5. Representación procesal del Estado

La defensa del Estado o de cualquier funcionario o servidor público está a cargo del procurador público o del representante legal respectivo, quien deberá ser emplazado con la demanda. Además, debe notificarse con ella a la propia entidad estatal o al funcionario o servidor demandado, quienes pueden intervenir en el proceso. Aun cuando no se apersonaren, se les debe notificar la resolución que ponga fin al grado. Su no participación no afecta la validez del proceso.

En los procesos constitucionales contra resolución judicial no se notifica ni se emplaza con la demanda a los jueces o magistrados del Poder Judicial.

El procurador público, antes de que el proceso sea resuelto en primer grado, está facultado para poner en conocimiento del titular de la entidad su opinión profesional motivada cuando considere que se afecta el derecho constitucional invocado.

Artículo 6. Prohibición de rechazo liminar

De conformidad con los fines de los procesos constitucionales de defensa de derechos fundamentales, en los procesos constitucionales de habeas corpus, amparo, habeas data y de cumplimiento no procede el rechazo liminar de la demanda.

Artículo 7. Causales de improcedencia

No proceden los procesos constitucionales cuando:

1. Los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado.
2. Existan vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado, salvo cuando se trate del proceso de habeas corpus.
3. El agraviado haya recurrido previamente a otro proceso judicial para pedir tutela respecto de su derecho constitucional.
4. No se hayan agotado las vías previas, salvo en los casos previstos por este código y en el proceso de habeas corpus.
5. Cuando haya litispendencia por la interposición de otro proceso constitucional.
6. Si se trata de conflictos constitucionales surgidos entre los poderes del Estado o de entidades de la administración pública entre sí. Tampoco procede entre los gobiernos regionales, locales o de ellos entre sí ni contra el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial interpuesto por un gobierno local, regional o entidad pública alguna. En estos casos, la controversia se tramita por la vía de los procesos de inconstitucionalidad o de competencia, según corresponda.
7. Ha vencido el plazo para interponer la demanda, con excepción del proceso de habeas corpus.

Artículo 8. Procedencia frente a actos lesivos basados en normas

Cuando se invoque la amenaza o violación de actos que tienen como sustento la aplicación de una norma incompatible con la Constitución, la sentencia que declare fundada la demanda dispondrá, además, la inaplicabilidad de la citada norma.

Artículo 9. Procedencia respecto de resoluciones judiciales

El amparo procede respecto de resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva, que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso. Es improcedente cuando el agraviado dejó consentir la resolución que dice afectarlo.

El habeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva.

Se entiende por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan, de modo enunciativo, sus derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de los previstos por la ley, a la obtención de una resolución fundada en derecho, a acceder a los medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la observancia del principio de legalidad procesal penal.

Artículo 10. Procesos constitucionales durante los regímenes de excepción

Los procesos constitucionales no se suspenden durante la vigencia de los regímenes de excepción. Cuando se interponen en relación con derechos suspendidos, el órgano jurisdiccional examinará la razonabilidad y proporcionalidad del acto restrictivo, atendiendo a los siguientes criterios:

1) Si la demanda se refiere a derechos constitucionales que no han sido suspendidos;

2) si tratándose de derechos suspendidos, las razones que sustentan el acto restrictivo del derecho no tienen relación directa con las causas o motivos que justificaron la declaración del régimen de excepción; o,

3) si tratándose de derechos suspendidos, el acto restrictivo del derecho resulta manifiestamente innecesario o injustificado atendiendo a la conducta del agraviado o a la situación de hecho evaluada sumariamente por el juez.

La suspensión de los derechos constitucionales tendrá vigencia y alcance únicamente en los ámbitos geográficos especificados en el decreto que declara el régimen de excepción.

Artículo 11. Notificaciones

Todas las resoluciones se notifican a la casilla electrónica. Si por alguna circunstancia razonable, al demandante no le es posible fijar la casilla electrónica, podrá optar por otros medios telemáticos o si prefiere se le notificará a su dirección domiciliaria.

El plazo se inicia a partir de los dos días posteriores a la notificación en la casilla electrónica o medio telemático por el que se optó; o desde el día siguiente de su notificación en la dirección domiciliaria.

Artículo 12. Tramitación de los procesos constitucionales de amparo, habeas data y de cumplimiento

En los procesos de amparo, habeas data y de cumplimiento, interpuesta la demanda por el agraviado el juez señala fecha y hora para la audiencia única que tendrá lugar en un plazo máximo de treinta días hábiles. Al mismo tiempo emplaza al demandado para que conteste la demanda en el plazo de diez días hábiles.

En el escrito de contestación de la demanda, el emplazado acompaña sus medios probatorios y contradice los presentados por el demandante. Asimismo, deduce las excepciones que considere oportunas.

El juez pone en conocimiento del demandante el escrito de contestación a su demanda para que en la audiencia única alegue lo que crea oportuno. Entre esta notificación y el día de los alegatos debe mediar por lo menos diez días calendario.

En la audiencia única, el juez oye a las partes y si se ha formado juicio pronuncia sentencia en el acto o, en caso contrario, lo hace en el plazo indefectible de diez días hábiles.

Las partes pueden solicitar copia de los audios y videos de la audiencia pública.

Si con el escrito que contesta la demanda, el juez concluye que esta es improcedente o que el acto lesivo es manifiestamente ilegítimo, podrá emitir sentencia prescindiendo de la audiencia única.

Artículo 13. Ofrecimiento de medios probatorios. Oportunidad y valoración

En los procesos constitucionales los medios probatorios se ofrecen con la interposición de la demanda y en el escrito de contestación. Sólo son procedentes aquellos que no requieren actuación, lo que no impide la realización de la actuación de las pruebas que el juez considere indispensables, sin afectar la duración del proceso. El juez puede ordenar a petición de parte la exhibición de los documentos que se hallen en poder de dependencias estatales, bajo responsabilidad. En este último caso no se requerirá notificación previa. Los medios probatorios se valoran de manera conjunta al momento de emitir sentencia.

Los medios probatorios que acreditan hechos trascendentes para el proceso pueden ser admitidos por el juez a la controversia principal o a la cautelar, siempre que no requieran actuación, incluso si la prueba se conoce o se produce con posterioridad a la demanda, pero bajo ningún motivo después de realizada la audiencia única. Si la prueba es posterior a la audiencia única, la parte la hará valer en segunda instancia o, de ser el caso, ante el Tribunal Constitucional.

Artículo 14. Integración de decisiones

Los jueces y el Tribunal Constitucional integran las decisiones cuando se haya producido alguna omisión. Pueden igualmente subsanar la nulidad en que se hubiere incurrido.

La ausencia de notificación a quien debe emplazarse o de la citación para la vista de la causa a quien se haya apersonado a la instancia, determinará la nulidad del proceso. En los demás casos en los que existan vicios procesales el juez debe subsanarlos.

Artículo 15. Cosa juzgada

En los procesos constitucionales solo adquiere la autoridad de cosa juzgada la decisión final que se pronuncie sobre el fondo.

Artículo 16. Procedimiento para la represión de actos homogéneos

Si sobreviniera un acto sustancialmente homogéneo al declarado lesivo en un proceso de habeas corpus, amparo, habeas data o de cumplimiento, podrá ser denunciado por la parte interesada ante el juez de ejecución.

Efectuado el reclamo, el juez resuelve previo traslado a la otra parte por el plazo de tres días. La resolución es apelable sin efecto suspensivo.

La decisión que declara la homogeneidad amplía el ámbito de protección del amparo, incorporando y ordenando la represión del acto represivo sobreviniente.

Artículo 17. Responsabilidad del agresor

Cuando exista causa probable de la comisión de un delito, el juez, en la sentencia que declara fundada la demanda en los procesos tratados en el presente título, dispondrá la remisión de los actuados al fiscal penal que corresponda para los fines pertinentes. Esto ocurrirá, inclusive, cuando se declare la sustracción de la pretensión y sus efectos, o cuando la violación del derecho constitucional haya devenido en irreparable, si el juez así lo considera.

Tratándose de autoridad o funcionario público, el juez penal podrá imponer como pena accesoria la destitución del cargo.

El haber procedido por orden superior no libera al ejecutor de la responsabilidad penal, civil o administrativa por el agravio cometido. Si el responsable inmediato de la violación fuera una de las personas comprendidas en el artículo 99 de la Constitución Política del Estado, se dará cuenta inmediata a la Comisión Permanente del Congreso de la República para los fines consiguientes.

CAPÍTULO II: MEDIDA CAUTELAR

Artículo 18. Medidas cautelares

Se pueden conceder medidas cautelares y de suspensión del acto violatorio en los procesos de amparo, habeas data y de cumplimiento, sin transgredir lo establecido en el primer párrafo del artículo 17 de este código.

La medida cautelar solo debe limitarse a garantizar el contenido de la pretensión constitucional, teniendo en cuenta su irreversibilidad, el orden público y el perjuicio que se pueda ocasionar. El juez, atendiendo los requisitos dictará la medida cautelar sin correr traslado al demandado. La ejecución dependerá del contenido de la pretensión constitucional intentada y del adecuado aseguramiento de la decisión final, a cuyos extremos deberá limitarse. El juez puede conceder la medida cautelar en todo o en parte.

La apelación solo es concedida sin efecto suspensivo; salvo que se trate de resoluciones de medidas cautelares que declaren la inaplicación de normas legales autoaplicativas, en cuyo caso la apelación es con efecto suspensivo.

Artículo 19. Requisitos para su procedencia

El juez para conceder la medida cautelar deberá observar que el pedido sea adecuado o razonable, que tenga apariencia de derecho y que exista certeza razonable de que la demora en su expedición pueda constituir un daño irreparable.

En todo lo no previsto expresamente en el presente código, es de aplicación supletoria lo dispuesto en el Título IV de la Sección Quinta del Código Procesal Civil, con excepción de los artículos 618, 621, 630, 636 y 642 al 672.

Artículo 20. Conversión de la medida cautelar

La medida cautelar se extingue de pleno derecho cuando la resolución que concluye el proceso ha adquirido la autoridad de cosa juzgada. Si la resolución final constituye una sentencia estimatoria, se conservan los efectos de la medida cautelar, produciéndose una conversión de pleno derecho de la misma en medida ejecutiva. Los efectos de esta medida permanecen hasta el momento de la satisfacción del derecho reconocido al demandante, o hasta que el juez expida una resolución modificatoria o extintiva durante la fase de ejecución.

Si la resolución última no reconoce el derecho reclamado por el demandante, se procede a la liquidación de costas y costos del procedimiento cautelar. El sujeto afectado por la medida cautelar puede promover la declaración de responsabilidad. De verificarse la misma, en modo adicional a la condena de costas y costos, se procederá a la liquidación y ejecución de los daños y, si el juzgador lo considera necesario, a la imposición de una multa no mayor de diez unidades de referencia procesal.

La resolución que fija las costas y costos es apelable sin efecto suspensivo; la que establece la reparación indemnizatoria y la multa lo es con efecto suspensivo.

En lo que respecta al pago de costas y costos se estará a lo dispuesto por el artículo 28.

CAPÍTULO III: MEDIOS IMPUGNATORIOS

Artículo 21. Medios impugnatorios

La interposición de los medios impugnatorios, con excepción de la queja, no requieren fundamentación, salvo en el proceso de habeas corpus si el apelante es la parte demandada.

El demandante que impugna una resolución sustenta los agravios en la instancia superior, conforme a los procedimientos establecidos por el presente código.

Artículo 22. Recurso de apelación

El recurso de apelación en los procesos constitucionales de habeas corpus, amparo, habeas data y de cumplimiento procede contra las resoluciones que las partes consideran que los agravia. Los plazos para impugnarlas son:

1. a) En el proceso de habeas corpus es de dos días hábiles.
2. b) En los procesos de amparo, habeas data y de cumplimiento es de tres días hábiles.
3. c) De forma excepcional, se permitirá la apelación por salto en casos de resoluciones judiciales en proceso de ejecución de sentencia, cuando se verifique una inacción en su ejecución o cuando se decida en contra de la protección otorgada al derecho fundamental agredido y se desproteja los derechos fundamentales cuya protección ya se otorgó.

No procede la apelación por salto cuando:

1) El cumplimiento de la sentencia comporte un debate sobre la cuantificación del monto de la pensión de cesantía o jubilación, de los devengados o de los reintegros de los intereses de las costas o de los costos.

2) El mandato de la sentencia constitucional cuya ejecución se pretende se establece en forma clara y expresa que es de cumplimiento progresivo.

Artículo 23. Trámite del recurso de apelación

El recurso de apelación se tramita:

1. a) En el proceso de habeas corpus concedido el recurso de apelación el juez eleva los autos al superior en el plazo de un día hábil. El superior jerárquico resuelve en el plazo de cinco días hábiles. No hay vista de la causa, salvo que el demandante o el favorecido la solicite.
2. b) En los procesos de amparo, habeas data y de cumplimiento, concedido el recurso de apelación el juez eleva los autos al superior en el plazo de dos días hábiles. El superior jerárquico fija día y hora para la vista de la causa en el plazo de cinco días hábiles, sin necesidad de emitir auto de avocamiento. Notificado con la resolución que fija día y hora para la vista de la causa, los abogados pueden solicitar informe oral dentro de los tres días hábiles posteriores a la notificación. Realizada la vista de la causa, el juez resuelve en el plazo de diez días hábiles.
3. c) En los supuestos de apelación por salto, en el caso de resoluciones en ejecución, el juez eleva los autos al Tribunal Constitucional en el plazo improrrogable de dos días hábiles. No se requiere audiencia para su resolución, por lo que el Tribunal Constitucional resuelve en un plazo máximo de diez días hábiles contados desde su programación respectiva.

Artículo 24. Recurso de agravio constitucional

Contra la resolución de segundo grado que declara infundada o improcedente la demanda, procede recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional, dentro del plazo de diez días contados desde el día siguiente de notificada la resolución. Concedido el recurso, el presidente de la sala remite al Tribunal Constitucional el expediente dentro del plazo máximo de tres días, más el término de la distancia, bajo responsabilidad.

En el Tribunal Constitucional es obligatoria la vista de la causa, la falta de convocatoria de la vista y del ejercicio de la defensa invalidan el trámite del recurso de agravio constitucional.

La sala remite al Tribunal Constitucional el expediente dentro del plazo de tres días hábiles, bajo responsabilidad.

Artículo 25. Recurso de queja

El recurso de queja procede contra la resolución que deniega el recurso de agravio constitucional. Se interpone ante el Tribunal Constitucional dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de la denegatoria. El escrito deberá contener la fundamentación correspondiente, anexando copia del recurso de agravio constitucional y la resolución denegatoria. El recurso será resuelto dentro de los cinco días hábiles. Si el Tribunal Constitucional declara fundada la queja, ordenará a la sala el envío del expediente dentro del tercer día de oficiado, bajo responsabilidad.

Se permite el recurso de queja en caso se deniegue el recurso de apelación por salto contra resoluciones en ejecución.

CAPÍTULO IV: ACTUACIÓN Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS

Artículo 26. Actuación de sentencia

La sentencia estimatoria de primer grado es de actuación inmediata si el juez estima que no se generará una situación de irreversibilidad, ni se ocasionará daños desproporcionados al demandado. Es independiente de la apelación que se interponga contra ella y se solicita ante el juez que emitió la resolución.

La resolución que ordena la actuación inmediata de sentencia es inimpugnable y mantiene su vigencia hasta que se emita resolución última y definitiva que pone fin al proceso.

Artículo 27. Ejecución de sentencia

Las sentencias dictadas por los jueces constitucionales tienen prevalencia sobre las de otros órganos jurisdiccionales. Para el cumplimiento de las sentencias y de acuerdo con el contenido específico del mandato y la magnitud del agravio constitucional, el juez debe:

1) Velar porque la sentencia se cumpla según sus propios términos, actuando con la prudencia e imperatividad que las circunstancias del caso impongan. Si el demandado no cumple con el mandato, el juez constitucional remite los actuados al Ministerio Público para que actúe de acuerdo con sus atribuciones. También puede disponer el inicio del procedimiento disciplinario de funcionarios y servidores públicos ante la entidad que corresponda para su destitución.

2) Si el cumplimiento de la sentencia depende de varias voluntades, y si no se acata en el plazo de cinco días hábiles, el juez remite los actuados al Ministerio Público para que actúe de acuerdo con sus atribuciones. El Ministerio Público formula denuncia penal contra el titular de la entidad y los que resulten responsables, pudiendo exigir su prisión preventiva.

3) Si el cumplimiento de la sentencia depende de previsiones contenidas en el presupuesto general de la República o presupuestos de entidades estatales, la parte vencedora puede pedir al juez que modifique la ejecución material de la sentencia, proponiendo una fórmula sustitutoria que cause igual satisfacción a su derecho conculcado. El juez corre traslado del pedido y escucha a la parte vencida, decidiendo lo que corresponda. Si el juez acepta la fórmula sustitutoria, debe emitirse un auto que así lo establezca, el cual es impugnable con efecto suspensivo. La ejecución por sustitución implica que el juez aduce los apremios a su logro y que deje sin efecto los emitidos.

Para el cumplimiento de las sentencias, el juez puede optar, de oficio o a pedido de parte, por otras medidas de ejecución como son la remoción, destrucción de cosas, objetos o edificaciones, paralización de obras, entre otras técnicas de ejecución que el juez considere necesarias, así como también cualquier otra decisión o medida que sea proporcional y razonable para la preservación, restitución y protección de los derechos constitucionales objeto del proceso.

En los procesos de habeas corpus las sentencias estimatorias las ejecuta el juez o la sala que la expidió, sin necesidad de remitir los actuados al juzgado de origen.

Artículo 28. Costas y costos

Si la sentencia declara fundada la demanda, se impondrán las costas y costos que el juez establezca a la autoridad, funcionario o persona demandada. Si el amparo fuere desestimado por el juez, este podrá condenar al demandante al pago de costas y costos cuando estime que incurrió en manifiesta temeridad.

En los procesos constitucionales, el Estado solo puede ser condenado al pago de costos.

En aquello que no esté expresamente establecido en el presente código, los costos se regulan por los artículos 410 al 419 del Código Procesal Civil.

TÍTULO II: PROCESO DE HABEAS CORPUS

CAPÍTULO: I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 29. Competencia

La demanda de habeas corpus se interpone ante el juez constitucional donde se produjo la amenaza o afectación del derecho o donde se encuentre físicamente el agraviado si se trata de procesos de detenciones arbitrarias o de desapariciones forzadas.

Artículo 30. Competencia del juez de paz

Cuando la afectación de la libertad individual se realice en lugar distinto y lejano o de difícil acceso de aquel en que tiene su sede el juzgado donde se interpuso la demanda este dictará orden perentoria e inmediata para que el juez de paz del distrito en el que se encuentra el detenido cumpla en el día, bajo responsabilidad, con hacer las verificaciones y ordenar las medidas inmediatas para hacer cesar la afectación.

Artículo 31. Legitimación

La demanda puede ser interpuesta por la persona perjudicada o por cualquier otra en su favor, sin necesidad de tener su representación. Tampoco requerirá firma del letrado ni otra formalidad. También puede interponerla la Defensoría del Pueblo.

Artículo 32. Características procesales especiales del habeas corpus

El proceso de habeas corpus se rige también por los siguientes principios:

1) Informalidad: No se requiere de ningún requisito para presentar la demanda, sin más obligación que detallar una relación sucinta de los hechos.

2) No simultaneidad: No existe otro proceso para salvaguardar los derechos constitucionales que protege. No existen vías paralelas.

3) Actividad vicaria: La demanda puede ser presentada por el agraviado o cualquier otra persona en su favor, sin necesidad de contar con representación procesal.

4) Unilateralidad: No es necesario escuchar a la otra parte para resolver la situación del agraviado.

5) Imprescriptibilidad: El plazo para interponer la demanda no prescribe.

CAPÍTULO II: DERECHOS PROTEGIDOS

Artículo 33. Derechos protegidos

Procede el habeas corpus ante la acción u omisión que amenace o vulnere los siguientes derechos que, enunciativamente, conforman la libertad individual:

1) La integridad personal y el derecho a no ser sometido a tortura o tratos inhumanos o humillantes, ni violentado para obtener declaraciones.

2) El derecho a no ser obligado a prestar juramento ni forzado u obligado a declarar o reconocer culpabilidad contra sí mismo, contra su cónyuge o conviviente, o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

3) El derecho a no ser exiliado sino por sentencia firme.

4) El derecho a no ser desterrado, expatriado o confinado por autoridad administrativa por razones políticas, raciales, culturales, étnicas o por cualquier otra índole.

5) El derecho a no ser separado del lugar de residencia o expulsado del país sino por mandato judicial o por aplicación de la ley correspondiente.

6) El derecho del extranjero, a quien se ha concedido asilo político, de no ser expulsado al país cuyo gobierno lo persigue, o en ningún caso si peligrase su libertad o seguridad por el hecho de ser expulsado.

7) El derecho de los nacionales o de los extranjeros residentes a ingresar, transitar o salir del territorio nacional, salvo mandato judicial o aplicación de la ley correspondiente.

8) El derecho a no ser detenido sino por mandato escrito y motivado del juez, o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito; o si ha sido detenido, a ser puesto dentro de las 48 horas más el término de la distancia, a disposición del juzgado que corresponda, de acuerdo con el acápite f) del inciso 24) del artículo 2 de la Constitución, sin perjuicio de las excepciones que en él se consignan. En ningún caso debe interpretarse que las 48 horas a las que se refiere el párrafo precedente o el que corresponda según las excepciones constitucionales es un tope indispensable, sino el máximo a considerarse a nivel policial.

9) El derecho a decidir voluntariamente prestar el servicio militar, conforme a la ley de la materia.

10) El derecho a no ser detenido por deudas, salvo en el caso del delito de omisión de asistencia familiar.

11) El derecho a no ser privado del documento nacional de identidad, así como de obtener el pasaporte o su renovación dentro o fuera de la República.

12) El derecho a no ser incomunicado sino en los casos establecidos por el literal g) del inciso 24) del artículo 2 de la Constitución.

13) El derecho a no ser sometido a esclavitud, servidumbre, explotación infantil o trata en cualquiera de sus modalidades.

14) El derecho a ser asistido por un abogado defensor libremente elegido desde que se es citado o detenido por la autoridad policial u otra, sin excepción.

15) El derecho a retirar la vigilancia del domicilio y a suspender el seguimiento policial, cuando resulten arbitrarios o injustificados.

16) El derecho a la excarcelación de un procesado o condenado, cuya libertad haya sido declarada por el juez.

17) El derecho a que se observe el trámite correspondiente cuando se trate del procedimiento o detención de las personas, a que se refiere el artículo 99 de la Constitución.

18) El derecho a no ser objeto de ejecución extrajudicial y/o desaparición forzada.

19) El derecho a la verdad, de conformidad con su reconocimiento jurisprudencial.

20) El derecho del detenido o recluso a no ser objeto de un tratamiento carente de razonabilidad y proporcionalidad, respecto de la forma y condiciones en que cumple el mandato de detención o la pena.

21) El derecho a la protección de la familia frente a actos de violencia doméstica.

22) El derecho a la defensa de los derechos constitucionales conexos con la libertad individual.

CAPÍTULO III: PROCEDIMIENTO

Artículo 34. Trámite en caso de detención arbitraria

Tratándose de cualquiera de las formas de detención arbitraria y de afectación de la integridad personal, el juez resolverá de inmediato. Para ello podrá constituirse en el lugar de los hechos, y verificada la detención indebida ordenará en el mismo lugar la libertad del agraviado, dejando constancia en el acta correspondiente y sin que sea necesario notificar previamente al responsable de la agresión para que cumpla la resolución judicial.

Artículo 35. Trámite en casos distintos

Cuando no se trate de una detención arbitraria ni de una vulneración de la integridad personal, el juez podrá constituirse en el lugar de los hechos, o, de ser el caso, citar a quien o quienes ejecutaron la violación, requiriéndoles expliquen la razón que motivó la agresión, y resolverá de plano en el término de un día natural, bajo responsabilidad.

Si las circunstancias lo requieren, el juez dentro de 72 horas de admitida la demanda fija fecha para la realización de audiencia única. Después de escuchar las alegaciones de las partes, el juez, si se ha formado juicio, pronuncia sentencia en el acto o, en caso contrario, lo hará en el plazo indefectible de tres días calendario.

Las partes pueden solicitar copia de los audios y videos de la audiencia pública.

La resolución podrá notificarse al agraviado, así se encontrare privado de su libertad. También puede notificarse indistintamente a la persona que interpuso la demanda, así como a su abogado, si lo hubiere.

Artículo 36. Trámite en caso de desaparición forzada

Sin perjuicio del trámite previsto en los artículos anteriores, cuando se trate de la desaparición forzada de una persona, si la autoridad, funcionario o persona demandada no proporcionan elementos de juicio satisfactorios sobre su paradero o destino, el juez deberá adoptar todas las medidas necesarias que conduzcan a su hallazgo, pudiendo incluso comisionar a jueces del distrito judicial donde se presuma que la persona pueda estar detenida para que las practiquen. Asimismo, el juez dará aviso de la demanda de habeas corpus al Ministerio Público para que realice las investigaciones correspondientes.

Si la agresión se imputa a algún miembro de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, el juez solicitará, además, a la autoridad superior del presunto agresor de la zona en la cual la desaparición ha ocurrido, que informe dentro del plazo de veinticuatro horas si es cierta o no la vulneración de la libertad y proporcione el nombre de la autoridad que la hubiere ordenado o ejecutado, bajo expresa responsabilidad en la declaración que pueda formularse.

Artículo 37. Normas especiales de procedimiento

Este proceso se somete además a las siguientes reglas:

1) No cabe recusación, salvo por el afectado o quien actúe en su nombre.

2) No caben excusas de los jueces ni de los secretarios.

3) Los jueces deberán habilitar día y hora para la realización de las actuaciones procesales.

4) No interviene el Ministerio Público.

5) Se pueden presentar documentos cuyo mérito apreciará el juez en cualquier estado del proceso.

6) El juez o la sala designará un defensor de oficio al demandante, si lo pidiera.

7) Las actuaciones procesales son improrrogables.

8) No hay vista de la causa, salvo que lo pida el demandante o el favorecido.

Artículo 38. Contenido de sentencia fundada

La resolución que declara fundada la demanda de habeas corpus dispondrá alguna de las siguientes medidas:

1) La puesta en libertad de la persona privada arbitrariamente de este derecho; o

2) que continúe la situación de privación de libertad de acuerdo con las disposiciones legales aplicables al caso, pero si el juez lo considerase necesario, ordenará cambiar las condiciones de la detención, sea en el mismo establecimiento o en otro, o bajo la custodia de personas distintas de las que hasta entonces la ejercían; o

3) que la persona privada de libertad sea puesta inmediatamente a disposición del juez competente, si la agresión se produjo por haber transcurrido el plazo legalmente establecido para su detención; o

4) que cese el agravio producido, disponiendo las medidas necesarias para evitar que el acto vuelva a repetirse.

TÍTULO III: PROCESO DE AMPARO

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 39. Legitimación

El afectado es la persona legitimada para interponer el proceso de amparo.

Artículo 40. Representación procesal

EI afectado puede comparecer por medio de representante procesal. No es necesaria la inscripción de la representación otorgada.

Tratándose de personas no residentes en el país, la demanda será formulada por representante acreditado. Para este efecto, será suficiente el poder fuera de registro otorgado ante el cónsul del Perú en la ciudad extranjera que corresponda y la apostilla de la firma del cónsul ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, no siendo necesaria la inscripción en los Registros Públicos.

La Defensoría del Pueblo puede interponer demanda de amparo en ejercicio de sus competencias constitucionales.

Artículo 41. Procuración oficiosa

Cualquier persona puede comparecer en nombre de quien no tiene representación procesal, cuando esta se encuentre imposibilitada para interponer la demanda por sí misma, sea por atentado concurrente contra la libertad individual, por razones de fundado temor o amenaza, por una situación de inminente peligro o por cualquier otra causa análoga. Una vez que el afectado se halle en posibilidad de hacerlo, deberá ratificar la demanda y la actividad procesal realizada por el procurador oficioso.

Artículo 42. Juez competente

Son competentes para conocer del proceso de amparo, a elección del demandante, el juez constitucional del lugar donde se afectó el derecho, o donde tiene su domicilio el afectado, o donde domicilia el autor de la infracción.

Si la afectación de derechos se origina en una resolución judicial, la demanda se interpone ante la sala constitucional o, si no lo hubiere, ante la sala civil de turno de la corte superior de justicia respectiva. La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema es competente para resolver en segundo grado. Si la sentencia es desestimatoria, el agraviado puede interponer recurso de agravio constitucional en el plazo de ley.

En el proceso de amparo, no se admitirá la prórroga de la competencia territorial, bajo sanción de nulidad de todo lo actuado.

Artículo 43. Agotamiento de las vías previas

El amparo solo procede cuando se hayan agotado las vías previas. En caso de duda sobre el agotamiento de la vía previa se preferirá dar trámite a la demanda de amparo.

No será exigible el agotamiento de las vías previas si:

1) Una resolución, que no sea la última en la vía administrativa, es ejecutada antes de vencerse el plazo para que quede consentida;

2) por el agotamiento de la vía previa la agresión pudiera convertirse en irreparable;

3) la vía previa no se encuentra expresamente regulada o ha sido iniciada innecesariamente por el afectado; o

4) no se resuelve la vía previa en los plazos fijados para su resolución.

CAPÍTULO II: DERECHOS PROTEGIDOS

Artículo 44. Derechos protegidos

El amparo procede en defensa de los siguientes derechos:

1) De igualdad y de no ser discriminado por razón de origen, sexo, raza, características genéticas, orientación sexual, religión, opinión, condición económica, social, idioma, o de cualquier otra índole.

2) Al libre desenvolvimiento de la personalidad.

3) Del ejercicio público de cualquier confesión religiosa.

4) A la libertad de conciencia y el derecho a objetar.

5) De información, opinión y expresión.

6) A la libre contratación.

7) A la creación artística, intelectual y científica.

8) De la inviolabilidad y secreto de los documentos privados y de las comunicaciones.

9) De reunión.

10) Del honor, intimidad, voz, imagen y rectificación de informaciones inexactas o agraviantes.

11) De asociación.

12) Al trabajo.

13) De sindicación, negociación colectiva y huelga.

14) De propiedad y herencia.

15) De petición ante la autoridad competente.

16) De participación individual o colectiva en la vida política del país.

17) A la nacionalidad.

18) De tutela procesal efectiva.

19) A la educación, así como el derecho de los padres de escoger el centro de educación y participar en el proceso educativo de sus hijos.

20) De impartir educación dentro de los principios constitucionales.

21) A la seguridad social.

22) De la remuneración y pensión.

23) De la libertad de cátedra.

24) De acceso a los medios de comunicación social en los términos del artículo 35 de la Constitución.

25) De gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida.

26) Al agua potable.

27) A la salud.

28) Los demás que la Constitución reconoce.

CAPÍTULO III: PROCEDIMIENTO

Artículo 45. Plazo de interposición de la demanda

El plazo para interponer la demanda de amparo prescribe a los sesenta días hábiles de producida la afectación, siempre que el afectado hubiese tenido conocimiento del acto lesivo y se hubiese hallado en posibilidad de interponer la demanda. Si esto no hubiese sido posible, el plazo se computará desde el momento de la remoción del impedimento.

Tratándose del proceso de amparo iniciado contra resolución judicial, el plazo para interponer la demanda es de treinta días hábiles y se inicia con la notificación de la resolución que tiene la condición de firme.

Para el cómputo del plazo se observarán las siguientes reglas:

1) El plazo se computa desde el momento en que se produce la afectación, aun cuando la orden respectiva haya sido dictada con anterioridad.

2) Si la afectación y la orden que la ampara son ejecutadas simultáneamente, el cómputo del plazo se inicia en dicho momento.

3) Si los actos que constituyen la afectación son continuados, el plazo se computa desde la fecha en que haya cesado totalmente su ejecución.

4) La amenaza de ejecución de un acto lesivo no da inicio al cómputo del plazo. Solo si la afectación se produce se deberá empezar a contar el plazo.

5) Si el agravio consiste en una omisión, el plazo no transcurrirá mientras ella subsista.

6) El plazo comenzará a contarse una vez agotada la vía previa, cuando ella proceda.

7) Si se trata de normas autoaplicativas el plazo no prescribe, salvo que la norma sea derogada o declarada inconstitucional.

Artículo 46. Acumulación subjetiva de oficio

Cuando de la demanda apareciera la necesidad de comprender a terceros que no han sido emplazados, el juez podrá integrar la relación procesal emplazando a otras personas, si de la demanda o de la contestación aparece evidente que la decisión a recaer en el proceso los va a afectar.

El plazo del tercero para absolver el emplazamiento es de diez días hábiles.

Artículo 47. Acumulación de procesos

Cuando un mismo acto, hecho, omisión o amenaza afecte el interés de varias personas que han ejercido separadamente su derecho de acción, el juez que hubiese prevenido, a pedido de parte o de oficio, podrá ordenar la acumulación de los procesos de amparo.

La resolución que concede o deniega la acumulación es inimpugnable.

Artículo 48. Intervención litisconsorcial

Quien tuviese interés jurídicamente relevante en el resultado de un proceso, puede apersonarse solicitando ser declarado litisconsorte facultativo. Si el juez admite su incorporación, ordenará se le notifique la demanda. Si el proceso estuviera en segundo grado, la solicitud será dirigida al juez superior. El litisconsorte facultativo ingresa al proceso en el estado en que este se encuentre. La resolución que concede o deniega la intervención litisconsorcial es inimpugnable.

Artículo 49. Inadmisibilidad

Si el juez declara inadmisible la demanda, concederá al demandante tres días para que subsane la omisión o defecto, bajo apercibimiento de archivar el expediente. Esta resolución es apelable.

Artículo 50. Reconvención, abandono y desistimiento

En el amparo no procede la reconvención ni el abandono del proceso. Es procedente el desistimiento.

Artículo 51. Impedimentos

El juez deberá abstenerse cuando concurran las causales de impedimento previstas en el Código Procesal Civil. En ningún caso será procedente la recusación.

El juez que intencionalmente no se abstiene cuando concurre una causal de impedimento, o lo hace cuando no concurre una de ellas, incurre en responsabilidad de naturaleza disciplinaria y penal.

Artículo 52. Sentencia

La sentencia que resuelve los procesos a que se refiere el presente título, contiene, según sea el caso:

1) La identificación del demandante.

2) La identificación de la autoridad, funcionario o persona autora de la violación o amenaza de un derecho constitucional; o de aquél que es renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo.

3) La determinación precisa del derecho constitucional vulnerado o amenazado, o las consideraciones por las cuales no ha sido infringido o amenazado; o de ser el caso, la determinación de la obligación incumplida.

4) La fundamentación que conduce a la decisión adoptada.

5) La decisión adoptada señalando, en su caso, bajo responsabilidad, el mandato concreto dispuesto.

TÍTULO IV: PROCESO DE HABEAS DATA

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 53. Definición del banco de datos

Se entiende por archivo, registro, base o banco de datos a todo conjunto de datos organizado de información personal y que sean objeto de tratamiento o procesamiento físico, electrónico o computarizado, ya sea público o privado, y cualquiera que fuere la modalidad de su formación, almacenamiento, organización o acceso.

Artículo 54. Juez competente

Es competente para conocer los procesos de habeas data, el juez constitucional del lugar donde se encuentre la información, el dato o donde tiene su domicilio principal el afectado, a elección del demandante.

En el proceso de habeas data, no se admitirá la prórroga de la competencia territorial, bajo sanción de nulidad de todo lo actuado.

Artículo 55. Legitimación activa

La demanda de habeas data solo puede ser ejercida por el afectado, sus tutores o curadores o por sus herederos.

Cuando la demanda es interpuesta por persona jurídica de derecho privado, esta se interpone por su representante legal o por el apoderado que designe para tal efecto.

Artículo 56. Legitimación pasiva

Con la demanda se emplaza al titular o responsable y a los usuarios de bancos de datos, públicos o privados, destinados o no a proveer información.

Artículo 57. Requisitos especiales de la demanda de habeas data

Además de los requisitos establecidos en el artículo 2, la demanda de habeas data contiene:

1. El nombre y domicilio del archivo, registro o banco de datos y, en su caso, el nombre del responsable o usuario. En caso de los archivos, registros o bancos públicos, se procurará establecer el organismo estatal del cual dependen.
2. Las razones por las cuales se entiende que en el archivo, registro o banco de datos individualizado obra información referida al agraviado; los motivos por los cuales considera que la información que le atañe resulta discriminatoria, falsa, inexacta o violatoria de la intimidad personal o familiar.

Artículo 58. Medidas cautelares

Sin perjuicio de las medidas cautelares establecidas en los artículos 18, 19 y 20 del presente código, el juez, de oficio o a solicitud de parte, puede:

1. Que mientras dure el proceso, se inscriba en el registro o banco de datos que la información cuestionada está sometida a un proceso constitucional.
2. Disponer el bloqueo o la suspensión provisional de la difusión del dato o de la información sometida al proceso, cuando sea manifiesto su carácter discriminatorio, falso, inexacto o si contiene información sensible o privada cuya difusión pudiese causar un daño irreparable.
3. La colocación de sellos de seguridad en los ambientes de las entidades, la incautación por parte del juez y la verificación o reproducción de la información, cuando el juez aprecie riesgo de su ocultación, desaparición o destrucción.

CAPÍTULO II: DERECHOS PROTEGIDOS

Artículo 59. Derechos protegidos

El habeas data procede en defensa del derecho de acceso a la información pública reconocido en el inciso 5) del artículo 2 de la Constitución.

También procede en defensa del derecho a la autodeterminación informativa, enunciativamente, bajo las siguientes modalidades:

1) Reparar agresiones contra la manipulación de datos personalísimos almacenados en bancos de información computarizados o no.

2) A conocer y supervisar la forma en que la información personal viene siendo utilizada.

3) A conocer el contenido de la información personal que se almacena en el banco de datos.

4) A conocer el nombre de la persona que proporcionó el dato.

5) A esclarecer los motivos que han llevado a la creación de la base de datos.

6) A conocer el lugar donde se almacena el dato, con la finalidad de que la persona pueda ejercer su derecho.

7) A modificar la información contenida en el banco de datos, si se trata de información falsa, desactualizada o imprecisa.

8) A incorporar en el banco de datos información que tengan como finalidad adicionar una información cierta pero que por el transcurso del tiempo ha sufrido modificaciones.

9) A incorporar información que tiene como objeto aclarar la certeza de un dato que ha sido mal interpretado.

10) A incorporar al banco de datos una información omitida que perjudica a la persona.

11) A eliminar de los bancos de datos información sensible que afectan la intimidad personal, familiar o cualquier otro derecho fundamental de la persona.

12) A impedir que las personas no autorizadas accedan a una información que ha sido calificada como reservada.

13) A que el dato se guarde bajo un código que solo pueda ser descifrado por quien está autorizado para hacerlo.

14) A impedir la manipulación o publicación del dato en el marco de un proceso, con la finalidad de asegurar la eficacia del derecho a protegerse.

15) A solicitar el control técnico con la finalidad de determinar si el sistema informativo, computarizado o no, garantiza la confidencialidad y las condiciones mínimas de seguridad de los datos y su utilización de acuerdo con la finalidad para la cual han sido almacenados.

16) A impugnar las valoraciones o conclusiones a las que llega el que analiza la información personal almacenada.

CAPÍTULO III: PROCEDIMIENTO

Artículo 60. Etapa precontenciosa

Para la procedencia del habeas data el demandante previamente debe:

a) Tratándose del derecho reconocido en el artículo 2, inciso 5), de la Constitución, haber presentado la solicitud de información ante la autoridad administrativa y esta, de modo tácito o expreso, negado parcial o totalmente la información, incluso si la entregare incompleta o alterada.

b) Tratándose del derecho reconocido por el artículo 2, inciso 6), de la Constitución, haber reclamado por documento de fecha cierta y que el demandado no haya contestado dentro de los diez días útiles siguientes o lo haya hecho de forma incompleta o de forma denegatoria o defectuosa. Cuando el demandante opte por acudir al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, debe agotar esta vía previa mediante resolución expresa o darla por agotada en el supuesto de no obtener resolución dentro del plazo legal.

Si la entidad pública o el titular del dato o la información desestima el pedido, el agraviado puede interponer su demanda de habeas data en el plazo de sesenta días hábiles.

El agraviado puede prescindir de la etapa precontenciosa si considera que existe peligro de daño irreparable en el goce y ejercicio de sus derechos fundamentales.

Artículo 61. Acumulación

Tratándose de la protección de datos personales podrán acumularse las pretensiones de acceder y conocer informaciones de una persona, con las de actualizar, rectificar, incluir, suprimir o impedir que se suministren datos o informaciones.

Artículo 62. Carga de la prueba

La carga de la prueba de la información solicitada que pueda ocasionar daño sustancial al interés público o derecho protegido por alguna reserva legal, recae en la autoridad pública demandada.

Artículo 63. Participación de terceros

En caso de demandas por denegación del acceso a la información fundada en motivos derivados de derechos de terceros, estos tienen legitimación para participar en el proceso debiendo ser emplazados con la demanda por el juez de la causa.

Artículo 64. Requerimiento judicial

Admitida la demanda, el juez de oficio o a pedido de parte, puede requerir al demandado que posee, administra o maneja el archivo, registro o banco de datos, la remisión de la información concerniente al reclamante; así como solicitar informes sobre el soporte técnico de datos, documentación de base relativa a la recolección y cualquier otro aspecto que resulte conducente a la resolución de la causa que estime conveniente.

El demandado está en la obligación de cumplir con el requerimiento al momento de contestar la demanda. Puede oponerse al requerimiento judicial si considera que la información no puede divulgarse por impedimento de ley. El juez resuelve en la audiencia única dando al demandado un plazo de tres días para cumplir con el requerimiento si considera que lo solicitado es imprescindible para sentenciar. Esta decisión es inimpugnable.

TÍTULO V: PROCESO DE CUMPLIMIENTO

Artículo 65. Objeto

Es objeto del proceso de cumplimiento ordenar que el funcionario o autoridad pública renuente:

1) Dé cumplimiento a una norma legal o ejecute un acto administrativo firme; o

2) se pronuncie expresamente cuando las normas legales le ordenan emitir una resolución administrativa o dictar un reglamento.

No es objeto del proceso de cumplimiento el acto administrativo que contenga el reconocimiento o pago de devengados ni de obligaciones que deben determinarse en órgano jurisdiccional especializado o estación probatoria distinta a los juzgados especializados en lo constitucional.

Artículo 66. Reglas aplicables para resolver la demanda

1) Cuando el mandato sea genérico o poco claro, el juez, previa interpretación de la norma legal o del acto administrativo firme, entra a resolver el fondo del asunto, debiendo observar las siguientes reglas:

1.1) Para la interpretación de la norma legal, el juez utiliza los métodos clásicos de interpretación jurídica; debiendo su resultado respetar lo que establecen las leyes de la materia y la propia Constitución.

1.2) La interpretación del acto administrativo firme debe respetar los principios generales del Derecho Administrativo; la jurisprudencia de los órganos administrativos correspondientes, así como la del Tribunal Constitucional.

2) Cuando el mandato esté sujeto a controversia compleja o a interpretaciones dispares, el juez, previo esclarecimiento de la controversia, entra a resolver el fondo del asunto. Para ello, deberá observar las siguientes reglas:

2.1) El juez aplica una mínima actividad interpretativa para superar la controversia, atendiendo a los métodos clásicos de interpretación jurídica, y aplicando los criterios de especialidad, cronológico y jerárquico.

2.2) Asimismo, y de ser necesario, el juez aplica una mínima actividad probatoria que, sin comprometer la finalidad urgente y perentoria del proceso de cumplimiento, permita confirmar la veracidad del mandato.

3) Cuando, para determinar la obligatoriedad o incuestionabilidad del mandato contenido en una norma legal o acto administrativo firme resulte necesario entrar al fondo del asunto, el juez admite a trámite la demanda, y esclarecerá la controversia.

4) Cuando el mandato, no obstante ser imperativo, sea contrario a la ley o a la Constitución, el juez debe así declararlo, y en consecuencia, desestimar la demanda.

Artículo 67. Legitimación y representación

Cualquier persona podrá iniciar el proceso de cumplimiento frente a normas con rango de ley y reglamentos. Si el proceso tiene por objeto hacer efectivo el cumplimiento de un acto administrativo, solo podrá ser interpuesto por la persona a cuyo favor se expidió el acto o quien invoque interés para el cumplimiento del deber omitido.

Tratándose de la defensa de derechos con intereses difusos o colectivos, la legitimación corresponderá a cualquier persona. Asimismo, la Defensoría del Pueblo puede iniciar procesos de cumplimiento.

Artículo 68. Legitimación pasiva

La demanda de cumplimiento se dirigirá contra la autoridad o funcionario renuente de la administración pública al que corresponda el cumplimiento de una norma legal o la ejecución de un acto administrativo.

Si el demandado no es la autoridad obligada, aquel deberá informarlo al juez indicando la autoridad a quien corresponde su cumplimiento. En caso de duda, el proceso continuará con las autoridades respecto de las cuales se interpuso la demanda. En todo caso, el juez deberá emplazar a la autoridad que, conforme al ordenamiento jurídico, tenga competencia para cumplir con el deber omitido.

Artículo 69. Requisito especial de la demanda

Para la procedencia del proceso de cumplimiento se requerirá que el demandante previamente haya reclamado, por documento de fecha cierta, el cumplimiento del deber legal o administrativo, y que la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no haya contestado dentro de los diez días útiles siguientes a la presentación de la solicitud. Aparte de dicho requisito, no será necesario agotar la vía administrativa que pudiera existir.

Artículo 70. Causales de improcedencia

No procede el proceso de cumplimiento:

1) Contra las resoluciones dictadas por el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Jurado Nacional de Elecciones;

2) contra el Congreso de la República para exigir la aprobación o la insistencia de una ley;

3) para la protección de derechos que puedan ser garantizados mediante los procesos de amparo, habeas data y habeas corpus;

4) cuando se interpone con la exclusiva finalidad de impugnar la validez de un acto administrativo;

5) cuando se demanda el ejercicio de potestades expresamente calificadas por la ley como discrecionales por parte de una autoridad o funcionario;

6) en los supuestos en los que proceda interponer el proceso competencial;

7) cuando no se cumplió con el requisito especial de la demanda previsto por el artículo 73 del presente código; y,

8) si la demanda se interpuso luego de vencido el plazo de sesenta días contados desde la fecha de recepción de la notificación notarial.

Artículo 71. Desistimiento de la pretensión

El desistimiento de la pretensión se admitirá únicamente cuando esta se refiera a actos administrativos de carácter particular.

Artículo 72. Contenido de la sentencia fundada

La sentencia que declara fundada la demanda se pronunciará preferentemente respecto a:

1) La determinación de la obligación incumplida;

2) la orden y la descripción precisa de la conducta a cumplir;

3) el plazo perentorio para el cumplimiento de lo resuelto, que no podrá exceder de diez días;

4) la orden a la autoridad o funcionario competente de iniciar la investigación del caso para efecto de determinar responsabilidades penales o disciplinarias, cuando la conducta del demandado así lo exija.

Artículo 73. Ejecución de la sentencia

La sentencia firme que ordena el cumplimiento del deber omitido será cumplida de conformidad con lo previsto por el artículo 27 del presente código.

TÍTULO VI: PROCESOS DE ACCIÓN POPULAR, INCONSTITUCIONALIDAD Y COMPETENCIAL

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 74. Finalidad

Los procesos de acción popular y de inconstitucionalidad tienen por finalidad la defensa de la Constitución y, en su caso, de la ley, frente a infracciones contra su jerarquía normativa. Esta infracción puede ser, directa o indirecta, de carácter total o parcial, y tanto por la forma como por el fondo.

Por contravenir el artículo 106 de la Constitución, se puede demandar la inconstitucionalidad, total o parcial, de un decreto legislativo, decreto de urgencia o ley que no haya sido aprobada como orgánica, si dichas disposiciones hubieren regulado materias reservadas a ley orgánica o impliquen modificación o derogación de una ley aprobada como tal.

Artículo 75. Procedencia de la demanda de acción popular

La demanda de acción popular procede contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones de carácter general, cualquiera que sea la autoridad de la que emanen, siempre que infrinjan la Constitución o la ley, o cuando no hayan sido expedidas o publicadas en la forma prescrita por la Constitución o la ley, según el caso. Las demandas contra resoluciones o actos no normativos son objeto del proceso contencioso-administrativo. No implica sustracción de la materia, la derogación de la norma objeto del proceso ni la convalidación posterior por norma con rango de ley.

Artículo 76. Procedencia de la demanda de inconstitucionalidad

La demanda de inconstitucionalidad procede contra las normas que tienen rango de ley: leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados que hayan requerido o no la aprobación del Congreso conforme a los artículos 56 y 57 de la Constitución, Reglamento del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales.

Artículo 77. Inconstitucionalidad de normas conexas

La sentencia que declare la ilegalidad o inconstitucionalidad de la norma impugnada declarará igualmente la de aquella otra a la que debe extenderse por conexión o consecuencia.

Artículo 78. Principios de interpretación

Para apreciar la validez constitucional de las normas el Tribunal Constitucional considerará, además de las normas constitucionales, las leyes que, por remisión expresa de la constitución, se hayan dictado para determinar la competencia o las atribuciones de los órganos del Estado o el ejercicio de los derechos fundamentales de la persona.

Artículo 79. Relaciones institucionales con ocasión a los procesos de control de normas

Los jueces deben suspender el trámite de los procesos de acción popular sustentados en normas respecto de las cuales se ha planteado demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal, hasta que este expida resolución definitiva.

Las sentencias fundadas recaídas en el proceso de inconstitucionalidad dejan sin efecto las normas sobre las cuales se pronuncian. Tienen alcances generales y carecen de efectos retroactivos. Se publican íntegramente en el diario oficial El Peruano y producen efectos desde el día siguiente de su publicación.

Cuando se declare la inconstitucionalidad de normas tributarias por violación del artículo 74 de la Constitución, el Tribunal debe determinar de manera expresa en la sentencia los efectos de su decisión en el tiempo. Asimismo, resuelve lo pertinente respecto de las situaciones jurídicas producidas mientras estuvo en vigencia.

Las sentencias fundadas recaídas en el proceso de acción popular podrán determinar la nulidad, con efecto retroactivo, de las normas impugnadas. En tal supuesto, la sentencia determinará sus alcances en el tiempo. Tienen efectos generales y se publican en el diario oficial El Peruano.

Artículo 81. Cosa juzgada

Las sentencias del Tribunal Constitucional en los procesos de inconstitucionalidad y las recaídas en los procesos de acción popular que queden firmes tienen autoridad de cosa juzgada, por lo que vinculan a todos los poderes públicos y producen efectos generales desde el día siguiente a la fecha de su publicación.

Tiene la misma autoridad el auto que declara la prescripción de la pretensión en el caso previsto en el artículo 86.

La declaratoria de inconstitucionalidad o ilegalidad de una norma impugnada por vicios formales no obsta para que ésta sea demandada ulteriormente por razones de fondo, siempre que se interponga dentro del plazo señalado en el presente código.

Artículo 82. Efectos de la irretroactividad

Las sentencias declaratorias de ilegalidad o inconstitucionalidad no conceden derecho a reabrir procesos concluidos en los que se hayan aplicado las normas declaradas inconstitucionales, salvo en las materias previstas en el segundo párrafo del artículo 103 y último párrafo del artículo 74 de la Constitución.

Por la declaración de ilegalidad o inconstitucionalidad de una norma no recobran vigencia las disposiciones legales que ella hubiera derogado.

CAPÍTULO II: PROCESO DE ACCIÓN POPULAR

Artículo 83. Legitimación

La demanda de acción popular puede ser interpuesta por cualquier persona.

Artículo 84. Competencia

La demanda de acción popular es de competencia exclusiva del Poder Judicial. Son competentes:

1) La Sala Constitucional de la Corte Superior del Distrito Judicial al que pertenece el órgano emisor, cuando la norma objeto de la acción popular es de carácter regional o local; y si no existiese, la sala a cargo de los procesos civiles.

2) En los demás casos, la Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima; y si no existiese, la sala a cargo de los procesos civiles.

Artículo 85. Demanda

La demanda escrita contendrá cuando menos los siguientes datos y anexos:

1) La designación de la sala ante quien se interpone.

2) El nombre, identidad y domicilio del demandante.

3) La denominación precisa y el domicilio del órgano emisor de la norma objeto del proceso.

4) El petitorio, que comprende la indicación de la norma o normas constitucionales y/o legales que se suponen vulneradas por la que es objeto del proceso.

5) Copia simple de la norma objeto del proceso precisándose el día, el mes y el año de su publicación.

6) Los fundamentos en que se sustenta la pretensión.

7) La firma del demandante, o de su representante o de su apoderado, y la del abogado.

Artículo 86. Plazo

El plazo para interponer la demanda de acción popular es de cinco años, contados desde el día siguiente de publicación de la norma. Vencido el plazo indicado prescribe la pretensión, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 51 y por el segundo párrafo del artículo 138 de la Constitución.

Artículo 87. Admisibilidad e improcedencia

Interpuesta la demanda, la sala resuelve su admisión dentro de un plazo no mayor de cinco días desde su presentación. Si declara la inadmisibilidad, precisará el requisito incumplido y el plazo para subsanarlo. Si declara la improcedencia y la decisión fuese apelada, pondrá la resolución en conocimiento del emplazado.

Artículo 88. Emplazamiento y publicación de la demanda

Admitida la demanda, la sala confiere traslado al órgano emisor de la norma objeto del proceso y ordena la publicación del auto admisorio, el cual incluirá una relación sucinta del contenido de la demanda, por una sola vez, en el diario oficial El Peruano si la demanda se promueve en Lima, o en el medio oficial de publicidad que corresponda si aquella se promueve en otro distrito judicial.

Si la norma objeto del proceso ha sido expedida con participación de más de un órgano emisor, se emplazará al de mayor jerarquía. Si se trata de órganos de igual nivel jerárquico, la notificación se dirige al primero que suscribe el texto normativo.

Si el órgano emisor ha dejado de operar, corresponde notificar al órgano que asumió sus funciones.

En el caso de normas dictadas por el Poder Ejecutivo, su defensa corresponde a la Procuraduría Pública Especializada en materia constitucional.

Artículo 89. Requerimiento de antecedentes

La sala puede, de oficio, ordenar en el auto admisorio que el órgano remita el expediente conteniendo los informes y documentos que dieron origen a la norma objeto del proceso, dentro de un plazo no mayor de diez días, contado desde la notificación de dicho auto, bajo responsabilidad. La sala dispondrá las medidas de reserva pertinentes para los expedientes y las normas que así lo requieran.

Artículo 90. Contestación de la demanda

La contestación deberá cumplir con los mismos requisitos de la demanda, en lo que corresponda. El plazo para contestar la demanda es de diez días.

Artículo 91. Vista de la causa

Practicados los actos procesales señalados en los artículos anteriores, la sala fijará día y hora para la vista de la causa, la que ocurrirá dentro de los diez días posteriores a la contestación de la demanda o de vencido el plazo para hacerlo.

A la vista de la causa, los abogados pueden informar oralmente. La sala expedirá sentencia dentro de los diez días siguientes a la vista.

Artículo 92. Apelación y trámite

Contra la sentencia procede recurso de apelación, el cual contendrá la fundamentación del error, dentro de los cinco días siguientes a su notificación. Recibidos los autos, la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema dará traslado del recurso concediendo cinco días para su absolución y fijando día y hora para la vista de la causa, en la misma resolución. Dentro de los tres días siguientes de recibida la notificación, las partes podrán solicitar que sus abogados informen oralmente a la vista de la causa.

Artículo 93. Medida cautelar

Procede solicitar medida cautelar una vez expedida sentencia estimatoria de primer grado. El contenido cautelar está limitado a la suspensión de la eficacia de la norma considerada vulneratoria por el referido pronunciamiento.

Artículo 94. Consulta

Si la sentencia que declara fundada la demanda no es apelada, los autos se elevarán en consulta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema. La consulta se absolverá sin trámite y en un plazo no mayor de cinco días desde que es recibido el expediente.

Artículo 95. Sentencia

La sentencia expedida dentro de los diez días posteriores a la vista de la causa será publicada en el mismo medio de comunicación en el que se publicó el auto admisorio.

Dicha publicación no sustituye la notificación de las partes. En ningún caso procede el recurso de casación.

Artículo 96. Costos

Si la sentencia declara fundada la demanda se impondrán los costos que el juez establezca, los cuales serán asumidos por el Estado. Si la demanda fuere desestimada por el juez, este podrá condenar al demandante al pago de los costos cuando estime que incurrió en manifiesta temeridad. En todo lo no previsto en materia de costos, será de aplicación supletoria lo previsto en el Código Procesal Civil.

CAPÍTULO III: PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD

Artículo 97. Competencia y legitimación

La demanda de inconstitucionalidad se interpone ante el Tribunal Constitucional y solo puede ser presentada por los órganos y sujetos indicados en el artículo 203 de la Constitución.

Artículo 98. Representación procesal legal

Para interponer una demanda de inconstitucionalidad, el presidente de la República requiere del voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Concedida la aprobación, designa a uno de sus ministros para que presente la demanda de inconstitucionalidad y lo represente en el proceso. El ministro designado puede delegar su representación en un procurador público.

El presidente del Poder Judicial o el fiscal de la nación interponen la demanda con acuerdo de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República o de la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente.

El defensor del pueblo interpone directamente la demanda.

Los congresistas actúan en el proceso mediante apoderado nombrado para el efecto.

Los ciudadanos referidos en el inciso 6) del artículo 203 de la Constitución deben actuar con patrocinio de letrado y conferir su representación a uno solo de ellos.

Los gobernadores regionales con acuerdo del consejo regional o los alcaldes provinciales con acuerdo de su concejo, actúan en el proceso por sí o mediante apoderado y con patrocinio de letrado.

Para interponer la demanda, previo acuerdo de su junta directiva, los colegios profesionales deben actuar con el patrocinio de abogado y conferir representación a su decano.

El órgano demandado se apersona en el proceso y formula obligatoriamente su alegato en defensa de la norma impugnada, por medio de apoderado nombrado especialmente para el efecto.

Artículo 99. Plazo prescriptorio

La demanda de inconstitucionalidad de una norma debe interponerse dentro del plazo de seis años contados a partir del día siguiente de su publicación, salvo el caso de los tratados en que el plazo es de seis meses. Vencidos los plazos indicados, prescribe la pretensión, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 51 y por el segundo párrafo del artículo 138 de la Constitución.

Artículo 100. Demanda

La demanda escrita contendrá, cuando menos, los siguientes datos y anexos:

1) La identidad de los órganos o personas que interponen la demanda y su domicilio legal y procesal.

2) La indicación de la norma que se impugna en forma precisa.

3) Los fundamentos en que se sustenta la pretensión.

4) La relación numerada de los documentos que se acompañan.

5) La designación del apoderado si lo hubiere.

6) Copia simple de la norma objeto de la demanda, precisándose el día, el mes y el año de su publicación.

Artículo 101. Anexos de la demanda

A la demanda se acompañan, en su caso:

1) Certificación del acuerdo adoptado en Consejo de Ministros, cuando el demandante sea el presidente de la República;

2) certificación de las firmas correspondientes por el oficial mayor del Congreso si los actores son el 25% del número legal de congresistas;

3) certificación por el Jurado Nacional de Elecciones, en los formatos que proporcione el Tribunal, y según el caso, si los actores son cinco mil ciudadanos o el uno por ciento de los ciudadanos del respectivo ámbito territorial, conforme al artículo 203, inciso 6), de la Constitución;

4) certificación del acuerdo adoptado en la junta directiva del respectivo colegio profesional; o

5) certificación del acuerdo adoptado en el consejo de coordinación regional o en el concejo provincial, cuando el actor sea gobernador de región o alcalde provincial, respectivamente.

Artículo 102. Calificación de la demanda

Interpuesta la demanda, el Tribunal la califica dentro de un plazo que no puede exceder de diez días. Su inadmisibilidad es acordada con el voto conforme de cuatro magistrados.

El Tribunal resuelve la inadmisibilidad de la demanda, si concurre alguno de los siguientes supuestos:

1) Que en la demanda se hubiera omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 100; o

2) que no se acompañen los anexos a que se refiere el artículo 101.

El Tribunal concederá un plazo no mayor de cinco días si el requisito omitido es susceptible de ser subsanado. Si vencido el plazo no se subsana el defecto de inadmisibilidad, el Tribunal, en resolución debidamente motivada e inimpugnable, declara la improcedencia de la demanda y la conclusión del proceso.

Artículo 103. Improcedencia liminar de la demanda

El Tribunal declarará improcedente la demanda con el voto conforme de cuatro magistrados cuando concurre alguno de los siguientes supuestos:

1) Cuando el Tribunal hubiere desestimado una demanda de inconstitucionalidad sustancialmente igual en cuanto al fondo; o

2) Cuando el Tribunal carezca de competencia para conocer la norma impugnada.

En estos casos, el Tribunal en resolución debidamente motivada e inimpugnable declara la improcedencia de la demanda.

Artículo 104. Efecto de la admisión e impulso de oficio

Admitida la demanda, y en atención al interés público de la pretensión discutida, el Tribunal Constitucional impulsará el proceso de oficio con prescindencia de la actividad o interés de las partes.

El proceso solo termina por sentencia.

Artículo 105. Tramitación

El auto admisorio concede a la parte demandada el plazo de treinta días útiles para contestar la demanda. El Tribunal emplaza con la demanda:

1) Al Congreso o a la Comisión Permanente, en caso de que el Congreso no se encuentre en funciones, si se trata de leyes y Reglamento del Congreso.

2) Al Poder Ejecutivo, si la norma impugnada es un decreto legislativo o decreto de urgencia.

3) Al Congreso, o a la Comisión Permanente y al Poder Ejecutivo, si se trata de tratados internacionales.

4) A los órganos correspondientes si la norma impugnada es de carácter regional o municipal.

Con su contestación, o vencido el plazo sin que ella ocurra, el Tribunal tendrá por contestada la demanda o declarará la rebeldía del emplazado, respectivamente. En la misma resolución el Tribunal señala fecha para la vista de la causa dentro de los diez días útiles siguientes. Las partes pueden solicitar que sus abogados informen oralmente.

Artículo 106. Control constitucional de normas derogadas

Si, durante la tramitación del proceso de inconstitucionalidad, las normas impugnadas fueran derogadas, el Tribunal Constitucional continuará con la tramitación del proceso en la medida en que estas continúen siendo aplicables a los hechos, situaciones o relaciones producidas durante su vigencia.

El pronunciamiento que emita el Tribunal no puede extenderse a las normas que sustituyeron a las cuestionadas en la demanda salvo que sean sustancialmente idénticas a aquellas.

Artículo 107. Plazo para dictar sentencia

El Tribunal dicta sentencia dentro de los treinta días posteriores de producida la vista de la causa.

La sentencia que declara la inconstitucionalidad de una norma requiere de cinco votos conformes. De no alcanzarse esta mayoría calificada en favor de la inconstitucionalidad de la norma demandada, el Tribunal Constitucional dictará sentencia declarando infundada la demanda de inconstitucionalidad.

CAPÍTULO IV: PROCESO COMPETENCIAL

Artículo 108. Legitimación y representación

El Tribunal Constitucional conoce de los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución o las leyes orgánicas que delimiten los ámbitos propios de los poderes del Estado, los órganos constitucionales, los gobiernos regionales o municipales, y que opongan:

1) Al Poder Ejecutivo con uno o más gobiernos regionales o municipales;

2) a dos o más gobiernos regionales, municipales o de ellos entre sí; o

3) a los poderes del Estado entre sí o con cualquiera de los demás órganos constitucionales, o a estos entre sí.

Los poderes o entidades estatales en conflicto actuarán en el proceso a través de sus titulares. Tratándose de entidades de composición colegiada, la decisión requerirá contar con la aprobación del respectivo pleno.

Artículo 109. Pretensión

El conflicto se produce cuando alguno de los poderes o entidades estatales a que se refiere el artículo anterior adopta decisiones o rehúye deliberadamente actuaciones, afectando competencias o atribuciones que la Constitución y las leyes orgánicas confieren a otro.

Si el conflicto versare sobre una competencia o atribución expresada en una norma con rango de ley, el Tribunal declara que la vía adecuada es el proceso de inconstitucionalidad.

Artículo 110. Medida cautelar

El demandante puede solicitar al Tribunal la suspensión de la disposición, resolución o acto objeto de conflicto. Cuando se promueva un conflicto constitucional con motivo de una disposición, resolución o acto cuya impugnación estuviese pendiente ante cualquier juez o tribunal, este podrá suspender el procedimiento hasta la resolución del Tribunal Constitucional.

La aprobación de la medida cautelar requiere el voto de cinco (5) votos conformes.

Artículo 111. Calificación de la demanda

Si el Tribunal Constitucional estima que existe materia de conflicto cuya resolución sea de su competencia, declara admisible la demanda y dispone los emplazamientos correspondientes. Se requiere del voto conforme de cinco (5) magistrados para declarar su inadmisibilidad.

El procedimiento se sujeta, en cuanto sea aplicable, a las disposiciones que regulan el proceso de inconstitucionalidad.

El Tribunal puede solicitar a las partes las informaciones, aclaraciones o precisiones que juzgue necesarias para su decisión. En todo caso, debe resolver dentro de los sesenta días hábiles desde que se interpuso la demanda.

Artículo 112. La sentencia en los procesos competenciales y sus efectos

En los procesos competenciales, la sentencia se obtiene con el voto conforme de cinco (5) magistrados. La sentencia del Tribunal vincula a los poderes públicos y tiene plenos efectos frente a todos. Determina los poderes o entes estatales a que corresponden las competencias o atribuciones controvertidas y anula las disposiciones, resoluciones o actos viciados de incompetencia. Asimismo, resuelve, en su caso, lo que procediere sobre las situaciones jurídicas producidas sobre la base de tales actos administrativos.

Cuando se hubiera promovido conflicto negativo de competencias o atribuciones, la sentencia, además de determinar su titularidad, puede señalar, en su caso, un plazo dentro del cual el poder del Estado o el ente estatal de que se trate debe ejercerlas.

TÍTULO VII: TRAMITACIÓN EN SEDE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Artículo 113. Acumulación de procesos

El Tribunal Constitucional puede, en cualquier momento, disponer la acumulación de procesos cuando estos sean conexos.

Artículo 114. Numeración de las sentencias

Las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional se enumeran en forma correlativa y anualmente.

Artículo 115. Solicitud de información

El Tribunal puede solicitar a los poderes del Estado y a los órganos de la administración pública todos los informes y documentos que considere necesarios para la resolución de los procesos de su competencia. En tal caso, el Tribunal habilita un plazo para que las partes conozcan de ellos y puedan alegar lo que convenga a su derecho.

El Tribunal dispone las medidas necesarias para preservar el secreto que legalmente afecta a determinada documentación, y el que, por decisión motivada, acuerda para su actuación.

Artículo 116. Pronunciamiento del Tribunal Constitucional

Dentro de un plazo máximo de veinte días tratándose de las resoluciones denegatorias de los procesos de habeas corpus, y treinta cuando se trata de los procesos de amparo, habeas data y de cumplimiento, el Tribunal Constitucional, bajo responsabilidad, se pronunciará sobre el recurso interpuesto.

Si el Tribunal considera que la resolución impugnada ha sido expedida incurriéndose en un vicio del proceso que ha afectado el sentido de la decisión, la anulará y ordenará que se reponga el trámite al estado inmediato anterior a la ocurrencia del vicio. Sin embargo, si el vicio incurrido solo alcanza a la resolución impugnada, el Tribunal la revoca y procede a pronunciarse sobre el fondo.

Artículo 117. Las decisiones jurisdiccionales de las salas

El Tribunal Constitucional conoce, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de los procesos de habeas corpus, amparo, habeas data y de cumplimiento, mediante dos salas integradas por tres magistrados cada una. La sentencia requiere de tres votos conformes.

En caso de no reunirse el número de votos requeridos, cuando ocurra alguna de las causas de vacancia que enumera el artículo 16 de la ley 28301, cuando alguno de sus miembros esté impedido o para dirimir la discordia se llama a los magistrados de la sala, en orden de antigüedad, empezando del menos antiguo al más antiguo y, en último caso, al presidente del Tribunal Constitucional. En tales supuestos, el llamado puede usar la grabación de la audiencia realizada o citar a las partes para un nuevo informe.

Artículo 118. Las decisiones jurisdiccionales del Pleno

En los procesos de habeas corpus, amparo, habeas data y de cumplimiento que de conformidad con su reglamento normativo son de conocimiento del Pleno, la sentencia requiere de cuatro votos conformes.

Si en los procesos de habeas corpus, amparo, habeas data y de cumplimiento que son de conocimiento del Pleno se produce empate, el presidente del Tribunal Constitucional cuenta con voto decisorio. No le está permitido cambiar el sentido original de su decisión con el propósito de modificar el sentido del fallo. Cuando por alguna circunstancia el presidente del Tribunal Constitucional no pudiese intervenir para la resolución del caso, el voto decisorio recae en el vicepresidente del Tribunal Constitucional. Si por algún motivo, este último no pudiese intervenir el voto decisorio seguirá la regla de antigüedad, empezando del magistrado más antiguo al menos antiguo hasta encontrar la mayoría necesaria para la resolución del caso.

El voto decisorio solo es de aplicación para resolver procesos de naturaleza jurisdiccional.

Artículo 119. Subsanación de vicios en el procedimiento

El Tribunal, antes de pronunciar sentencia, de oficio o a instancia de parte, debe subsanar cualquier vicio de procedimiento en que se haya incurrido.

Artículo 120. Agotamiento de la jurisdicción nacional

La resolución del Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre el fondo agota la jurisdicción nacional. No procede proceso constitucional alguno contra las resoluciones y sentencias del Tribunal Constitucional.

Artículo 121. Carácter inimpugnable de las sentencias del Tribunal Constitucional

Contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe impugnación alguna. En el plazo de dos días a contar desde su notificación o publicación tratándose de las resoluciones recaídas en los procesos de inconstitucionalidad, el Tribunal, de oficio o a instancia de parte, puede aclarar algún concepto o subsanar cualquier error material u omisión en que hubiese incurrido.

Estas resoluciones deben expedirse, sin más trámite, al segundo día de formulada la petición.

Contra los decretos y autos que dicte el Tribunal, solo procede, en su caso, el recurso de reposición ante el propio Tribunal. El recurso puede interponerse en el plazo de tres días a contar desde su notificación. Se resuelve en los dos días siguientes.

Lo anterior no afecta el derecho a recurrir a los tribunales u organismos internacionales constituidos según tratados de los que el Perú es parte.

TÍTULO VIII:JURISDICCIÓN INTERNACIONAL

Artículo 122. Organismos internacionales competentes

Para los efectos de lo establecido en el artículo 205 de la Constitución, los organismos internacionales a los que puede recurrir cualquier persona que se considere lesionada en los derechos reconocidos por la Constitución, o los tratados sobre derechos humanos ratificados por el Estado peruano, son: el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos y aquellos otros que se constituyan en el futuro y que sean aprobados por tratados que obliguen al Perú.

Artículo 123. Ejecución de resoluciones

Las resoluciones de los organismos jurisdiccionales a cuya competencia se haya sometido expresamente el Estado peruano no requieren, para su validez y eficacia, de reconocimiento, revisión, ni examen previo alguno. Dichas resoluciones son comunicadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, al presidente del Poder Judicial, quien a su vez, las remite al Tribunal donde se agotó la jurisdicción interna y dispone su ejecución por el juez competente, de conformidad con lo previsto en las leyes que regulan el procedimiento de ejecución de sentencias emitidas por tribunales supranacionales.

Artículo 124. Obligación de proporcionar documentos y antecedentes

La Corte Suprema de Justicia de la República y el Tribunal Constitucional deberán remitir a los organismos a que se refiere el artículo 122, la legislación, las resoluciones y demás documentos actuados en el proceso o los procesos que originaron la petición, así como todo otro elemento que a juicio del organismo internacional fuere necesario para su ilustración o para mejor resolver el asunto sometido a su competencia.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. Vigencia de normas

Las normas procesales previstas por el presente código son de aplicación inmediata, incluso a los procesos en trámite. Sin embargo, continuarán rigiéndose por la norma anterior: las reglas de competencia, los medios impugnatorios interpuestos, los actos procesales con principio de ejecución y los plazos que hubieran empezado.

SEGUNDA. Jueces especializados

En los distritos jurisdiccionales del Poder Judicial donde no existan jueces ni salas constitucionales, los procesos de amparo, habeas data y de cumplimiento son competencia de los juzgados especializados en lo civil o mixto, según corresponda y, en segunda instancia, las salas civiles correspondientes.

En los procesos de habeas corpus la competencia recae en los jueces de investigación preparatoria y, en segunda instancia, en las salas de apelaciones respectivas.

TERCERA. Publicación de sentencias

Las sentencias finales y las resoluciones aclaratorias de las mismas, recaídas en los procesos constitucionales deben remitirse, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la fecha de su expedición, al diario oficial El Peruano para su publicación gratuita, dentro de los diez días siguientes a su remisión.

Las sentencias recaídas en el proceso de inconstitucionalidad, el proceso competencial y la acción popular se publican en el diario oficial dentro de los tres días siguientes al de la recepción de la transcripción remitida por el órgano correspondiente. En su defecto, el presidente del Tribunal ordena que se publique en uno de los diarios de mayor circulación nacional, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar.

Cuando las sentencias versan sobre normas regionales o municipales, además de la publicación a que se refiere el párrafo anterior, el Tribunal ordena la publicación en el diario donde se publican los avisos judiciales de la respectiva circunscripción. En lugares donde no exista diario que publique los avisos judiciales, la sentencia se da a conocer, además de su publicación en el diario oficial o de circulación nacional, mediante carteles fijados en lugares públicos.

CUARTA. Exoneración de tasas judiciales

Los procesos constitucionales se encuentran exonerados del pago de tasas judiciales, con excepción de los procesos de amparo contra resolución judicial interpuesto por personas jurídicas.

QUINTA. Vigencia de las reformas

Las reformas al Código Procesal Constitucional entran en vigor el día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

ÚNICA. Determinación de jueces y salas constitucionales

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial determina de modo paulatino y conforme a las posibilidades presupuestales y de infraestructura, los jueces y salas constitucionales para su nombramiento por la Junta Nacional de Justicia.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

ÚNICA. Derogación de la Ley 28237, Código Procesal Constitucional

Derógase la Ley 28237, Código Procesal Constitucional.

POR TANTO:

Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso de la República, insistiendo en el texto aprobado en sesión del Pleno realizada el día veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 de la Constitución Política del Perú, ordeno que se publique y cumpla.

En Lima, a los veintiún días del mes de julio de dos mil veintiuno.

MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILIN

Presidenta a. i. del Congreso de la República

LUIS ANDRÉS ROEL ALVA

Segundo Vicepresidente del Congreso de la República

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